En sesión de la Comisión Permanente de la Sexagésima Cuarta (64) Legislatura, el diputado local por el Partido del Trabajo (PT), José Luis Figueroa Rangel, presentó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Para la Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Zacatecas, que busca crear un mecanismo de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno que garantice la vida, integridad, seguridad y libertad de las personas dedicadas a estas labores.
En su exposición de motivos, el legislador recordó que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, inició su vigencia hace ya casi 10 años, el 26 de junio de 2012. Con esta ley, precisó, se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el propósito de salvaguardar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las y los que ejercen el periodismo, y de los que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión.
Actualmente, informó Figueroa Rangel, con dicho mecanismo se beneficia a más de mil 400 personas de las diversas entidades del país, es decir, un 90 por ciento más que en los sexenios anteriores. No obstante, de diciembre de 2018 a julio de 2021, según las cifras de la Secretaría de Gobernación, fueron asesinadas 68 personas defensoras de derechos humanos y 43 periodistas, de los cuales, dos personas defensoras y siete periodistas contaban con el beneficio del mecanismo de protección.
El mecanismo, agregó, surgió en el año 2012, como una medida extraordinaria del Estado mexicano para colaborar con las fiscalías y con las demás autoridades ordinarias de la seguridad para atender a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas que sufren agresiones, con la pretensión de pasar de una política reactiva a una política de prevención.
Y ahora, a casi una década de su creación, y con la convicción de que se debe mejorar la coordinación entre todos los niveles de gobierno y que se debe actualizar la legislación en la materia, a decir del diputado, dio a conocer que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, está convocando a participar en diálogos regionales para impulsar la creación de la Ley General de Prevención y Protección ante agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Estos Diálogos, especificó, se efectúan en las entidades con mayor incidencia en agresiones, y los temas que se están abordando son el Sistema y Modelo Nacional de Protección; el Registro Nacional de Agresiones y el Protocolo Nacional de Protección, entre otros. No obstante, en dichos diálogos, ha quedado al descubierto que falta mucha colaboración de las autoridades locales; que algunas autoridades municipales están involucradas con los grupos de la delincuencia organizada, y que incluso, en muchos casos, son estas autoridades las que agreden a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas.
De las 32 entidades federativas, dijo desde tribuna el petista, sólo ocho cuentan con legislación y organismos locales de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; la Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero, Puebla, el Estado de México y Tlaxcala.
Pero en Zacatecas, expuso, existen alrededor de 40 estaciones de radio, más de 10 canales de televisión, aproximadamente 10 diarios impresos, algunas revistas y muchos sitios web informativos, lo que quiere decir, que a la entidad también le urge contar con un mecanismo propio para proteger de agresiones a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
“La protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de las y los periodistas es un asunto de vital importancia para alcanzar el desarrollo democrático de nuestro estado, es un asunto en el que esta Legislatura está obligada a participar”, enfatizó.
Por ello, en la iniciativa propuesta, se reconocen nueve derechos de las personas periodistas que son: se reconoce su actividad profesional como de Interés Público, por lo que ésta debe ser tutelada y protegida por el Estado; se reconoce el derecho a la protección ante riesgos contra su integridad y durante el ejercicio profesional; se reconoce el derecho a mantener el secreto profesional de sus fuentes; se reconoce el deber del Estado de amparar su ética con la cláusula de conciencia; se reconoce el derecho de libre acceso a la información ya generada.
Asimismo, se reconoce el derecho de libre acceso a la información que se esté generando; se reconoce el derecho a la capacitación profesional continua; se reconoce el derecho a la reparación integral cuando haya daños a su integridad física o emocional mientras ejerza la profesión; y se reconoce el deber del Estado de castigar penalmente a responsables de impedir, interferir, limitar o que atenten en contra de la actividad periodística y vulneren la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación.
