El lawfare o guerra judicial se ha constituido en los últimos años como un fenómeno de gran trascendencia, tanto por la generalización de sus métodos como por su significativo impacto en el devenir político, económico, social y cultural de América Latina en general, y en México desde principios de siglo, incluyendo el desafuero de AMLO en 2005 y el fraude en su contra en 2006.
Se puede hablar del lawfare como una estrategia que busca, mediante la combinación de operaciones judiciales, mediáticas, políticas o económicas, la exclusión de las fuerzas progresistas de toda posibilidad de gobernar. Si en décadas precedentes los golpes de Estado clásicos sirvieron para impedir que la izquierda gobernante desplegara su agenda política desde las instituciones o, incluso, que llegara a ocuparlas, hoy el lawfare ejerce una misma función, pero amparándose en la legalidad y manteniendo las apariencias democráticas.
En México, el mecanismo incluye a las peores empresas mediáticas, a intelectuales, periodistas y jueces corruptos, que han buscado la destrucción de la reputación de AMLO, creando narrativas que aparenten ser verdad, la llamada posverdad, para esconder que en realidad no buscan confirmar si algo es verdad o no, sino que lo que buscan es reafirmar odios y, en su momento, construir un caso judicial con amplio apoyo medíatico. Así fue el caso del desafuero de AMLO por los diputados del PRI y el PAN en 2005, que no surtió sus efectos porque Fox reculó, pero que, como él mismo lo confesó poco después, se desquitó con los fraudes de 2006 y 2012.
Desde el 2006, AMLO ha batallado con una élite de empresarios, comunicadores, impartidores de justicia y políticos empeñados, primero, en evitar por todos los medios que llegara a la presidencia y lograr, desde diciembre de 2018, que su desempeño como presidente fuera visto como desastroso. Así, una primera línea de trabajo utilizada fue hacer predicciones catastróficas, interponer amparos para detener y desprestigiar sus programas, iniciativas legislativas y obras públicas estratégicas, así como la coordinación de los medios de comunicación electrónicos y la prensa para intentar vulnerar, sin mucho éxito, la buena percepción con la que arribó al cargo de presidente y que mantuvo hasta el final de su mandato, y que aún mantiene no obstante la guerra sucia en su contra y de su familia.
Otra línea de acción fue la de activar a un buen número de impartidores de justicia para combatir las iniciativas de reforma constitucionales y legales presentadas por AMLO, necesarias para revertir las reformas neoliberales aprobadas durante los seis sexenios desde Carlos Salinas a Peña Nieto, esto con la colaboración plena de los parlamentarios del PRIAN, quienes no han dudado en violentar la función esencial del poder legislativo negándose a desempeñar la función inherente a su cargo; otra tarea de los impartidores de justicia ha sido la de proteger a los operadores de delitos fiscales, revertir el congelamiento de cuentas sospechosas de lavado de dinero y, últimamente, la liberación con mayor frecuencia de distintos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado, y el colmo fue el intento a fines del año pasado de la magistrada presidenta de la SCJN, Norma Piña, de comprometer a los magistrados integrantes del TEPJF a no reconocer el triunfo de Claudia Sheimbaum Pardo.
Ante su fracaso por la honradez de los magistrados, a partir de junio de 2024, varios comentaristas y la mayoría de los medios intentaron crear condiciones para que los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF, aceptaran violar el marco legal para aplicar una interpretación a modo de la fórmula legal que regula la asignación de los 200 diputados plurinominales, de manera que la coalición encabezada por Morena no obtuviera la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y, con ello, impedir las reformas constitucionales contempladas en el Plan C.
Ante sus reiterados fracaso la cúpula opositora y los intelectuales y comentaristas aliados, no han dudado en engañar para involucrar a buena parte del poder judicial en una estridente conducta opositora a la 4ª Transformación, en la cual ya olvidaron la imparcialidad a que están obligados y, asumiéndose como un nuevo “poder supremo” se arrogan atribuciones que no tienen como modificar la constitución, olvidando que ello es una atribución exclusiva del constituyente permanente ( aprobación por mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y de más de la mitad de los congresos estatales) lo que ya ocurrió y por ello se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Claman por la anulación de la reforma al poder judicial olvidando que ya es un hecho consumado y, por ello, forma parte del texto constitucional vigente, y amenazan con sancionar a la propia presidenta de la República y a otros servidores públicos si no se someten a su “poder supremo”. Parece que no tienen ni idea del tamaño de su sinrazón. Han llegado a argumentar que no hacen caso al texto del artículo 61 de la ley de amparo vigente, que señala que el amparo es improcedente cuando se trata de reformas constitucionales, porque según ellos también lo están combatiendo por inconstitucional.
En conclusión, las derechas mexicanas están en un callejón sin salida por haber abusado de sus seguidores mintiendo sin freno, y por suponer que todas sus predicciones catastróficas se convertirían en realidad y sería evidente el derrumbe de la 4ª Transformación que hoy conduce con aplomo la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo.
