■ Proponen desechar fincamientos de responsabilidades administrativas que emanan de 64 expedientes
■ De aplicar Ley de Responsabilidad de 2001 se vulnerarían sus derechos humanos: Elena Nava
Quedarán en la impunidad presidentes municipales, regidores, síndicos y ex funcionarios de ayuntamientos tras la propuesta de desechar los fincamientos de responsabilidades administrativas en su contra que emanan de 64 expedientes fechados con los años 2013-2014 y que derivan de la revisión de cuentas públicas.
Ayer en sesión del Congreso, María Elena Nava, integrante de la Comisión Jurisdiccional de la 61 Legislatura, leyó un dictamen donde señala que a dichos funcionarios no les puede aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas del 8 de septiembre de 2001, pues de hacerlo, vulneraría los derechos humanos de los servidores públicos respecto de los cuales se inició un procedimiento de responsabilidad.
“La aplicación de la citada norma violaría, en perjuicio de los servidores públicos, los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso”.
La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos de 2001 es la misma norma con la cual el gobierno de Miguel Alonso Reyes intentó sancionar a la ex gobernadora Amalia García Medina acusada de actos de corrupción, sin embargo, no se le pudo aplicar porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la ley al carecer de la firma de refrendo del entonces contralor interno de gobierno.
Los diputados locales decidieron asumir ese criterio porque se señala en el dictamen que será sometido a votación en próximas sesiones, que en el supuesto de que el Poder Legislativo realice un fincamiento de responsabilidad administrativa, el acto de autoridad “dejaría en estado de indefensión al servidor público sancionado, pues tal determinación estaría fundamentada en una ley inconstitucional”.
No es la primera ocasión que la Comisión Jurisdiccional por ese mismo motivo desecha las denuncias de fincamiento de responsabilidades que tenía pendientes de aplicar. Actualmente ya existe firme en Zacatecas una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que fue publicada el 6 de febrero de 2013, pero no se puede aplicar a cuentas públicas de manera
retroactiva.
Quedarán en la impunidad presidentes municipales, regidores, síndicos y ex funcionarios de Zacatecas, Saín Alto, Trancoso, Loreto, Pinos, Ojocaliente, Morelos, Santa María de la Paz, Mazapil, Nochistlán, Luis Moya, por mencionar las decenas de municipios donde había sanciones administrativas por ejecutar, pero no se aplica la ley retroactiva.
Por sanciones administrativas se entiende desde apercibimientos privados, hasta la inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos.
Ignoran críticas de
Derechos Humanos
Por otro lado, ayer en la sesión la mayoría de los diputados ignoró las quejas y reclamos de dos aspirantes a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ); es decir, de Ana Hilda Rivera y Rafael Rodríguez, quienes con el respaldo de algunos ciudadanos pidieron ser incluidos como una propuesta para conformar la terna que será votada en el pleno el próximo jueves.
Los diputados perredistas, Iván de Santiago y Eugenia Flores, presentaron cada uno una reserva para que se incluyera a dichos ciudadanos. El primero planteó sólo a Ana Hilda Rivera, la segunda a Rivera y a Rodríguez, sin embargo, por mayoría de votos se desechó la posibilidad.
Es así que quedaron firmes las cinco propuestas iniciales, de las cuales la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) elegirá a tres para conformar una terna que se someterá a votación este próximo jueves para elegir al nuevo ombudsman.
Los cinco son: José Manuel Contreras Santoyo, subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría de Justicia de Zacatecas; María de la Luz Domínguez Campos, directora de concertación política de la Secretaría General de Gobierno y Samuel Montoya Álvarez, director del Instituto de Selección y Capacitación del Estado.
Así como Catarino Martínez Díaz, actual secretario ejecutivo de la CDHEZ y Raúl Ortiz Chávez, quien es un abogado litigante que ha sido regidor y diputado suplente.
