Este 19 de diciembre, en el marco de una sesión ordinaria, la LXV Legislatura de Zacatecas eligió a los integrantes de la Comisión Permanente, organismo encargado de dirigir los trabajos legislativos durante el Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Y aprobó por unanimidad la reforma al Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas, en materia de asentamientos humanos irregulares.
En esta jornada, la diputada Dayanne Cruz Hernández fue nombrada presidenta de la Comisión Permanente. Acompañándola en el trabajo de organización y administración, las legisladoras Ruth Calderón Babún y Renata Libertad Ávila Valadez fueron elegidas como primera y segunda secretarias, respectivamente. Este equipo asumirá el reto de coordinar las actividades parlamentarias, asegurando el correcto funcionamiento del Congreso durante el receso.
Asimismo, se designaron a los diputados y diputadas que formarán parte de la Comisión Permanente como vocales. Los legisladores Santos Antonio González Huerta, Jesús Padilla Estrada, Martín Álvarez Casio, Karla Guadalupe Estrada García, Guadalupe Isadora Santivañez Ríos, José Luis González Orozco, Ana María Romo Fonseca y Karla Esmeralda Rivera Rodríguez completan este grupo de trabajo. Estos representantes tendrán la responsabilidad de impulsar el avance de los asuntos legislativos durante este periodo de receso, garantizando la continuidad del trabajo en el Congreso.
Al finalizar la jornada, la Comisión Permanente llevó a cabo su primera sesión formal, quedando así instalada para comenzar sus labores.
Asimismo, se llevó a cabo la aprobación, por unanimidad, de un dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Esta reforma modifica el Código Territorial y Urbano de Zacatecas, particularmente en lo relativo a los asentamientos humanos irregulares. La modificación tiene como objetivo resolver una de las problemáticas urbanísticas más graves de la entidad: la proliferación de colonias y fraccionamientos ilegales, los cuales carecen de los servicios y la infraestructura adecuada.
Con la reforma aprobada, se establece un plazo de noventa días naturales para que los municipios elaboren un inventario de asentamientos irregulares. Estos deben ser incorporados a los programas de desarrollo urbano, con el objetivo de iniciar un proceso de regularización en aquellas zonas que lo necesiten. La medida busca mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en estos asentamientos y fomentar un desarrollo urbano más ordenado, inclusivo y sostenible.
Entre la exposición de motivos se sostuvo que el desarrollo urbano es un tema de interés global. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los puntos clave es garantizar la creación de ciudades y comunidades sostenibles que no excluyan a sus habitantes. Esto implica erradicar la discriminación y la segregación, asegurando que todas las personas, sin importar su lugar de residencia, tengan acceso a viviendas dignas, servicios públicos adecuados y un entorno seguro.
En Zacatecas, la situación de los asentamientos humanos irregulares ha sido un tema recurrente. A lo largo de los años, la expansión desordenada de los asentamientos ha resultado en la creación de barrios marginales donde los servicios básicos, como agua potable, drenaje y electricidad, son escasos o inexistentes. Por lo que se busca regular, para no generar una espiral de pobreza y exclusión social y no se dificulte el acceso de los habitantes a una mejor calidad de vida.