La gobernanza democrática es una gobernanza exitosa en el marco de una democracia; esto alude a la habilidad del gobierno y el Estado para distribuir bienes y garantizar derechos fundamentales que son importantes para el bienestar de los ciudadanos, dentro de las reglas e instituciones de una democracia”, afirma John Bailey, especialista en temas de seguridad, en la obra Crimen e Impunidad.
Entre los bienes más importantes se encuentran la seguridad ciudadana que conlleva la mínima o nula criminalidad, la ausencia de violencia y de impunidad y, de manera especial, la ausencia de corrupción.
John Bailey sostiene que no podrá haber gobernanza democrática en México, mientras las instituciones y los ciudadanos se encuentren atrapados en lo que llama “trampas de seguridad”.La desconfianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, la desconfianza de los ciudadanos en las policías, la corrupción, la impunidad y, lo que Bailey denomina crímenes en sus tres variantes: Crímenes que “cruzan la línea” y apuntan directamente al régimen y al Estado, crímenes que implican graves efectos de corrupción en funcionarios electos o designados por nombramiento, o en la policía, y, crímenes menores, pero cuyos efectos acumulativos minan la gobernabilidad democrática, constituyen trampas de seguridad.
Entre los crímenes que apuntan directamente al régimen federal y al Estado, se encuentran los desaparecidos de Ayotzinapa, los muertos de Tlatlaya y los muertos de Tanhuato, así como la militarización de Felipe Calderón y sus miles de ejecutados, entre otros.
En tanto, entre los crímenes que implican graves efectos de corrupción, tenemos la peor: que derivó del régimen de Carlos Salinas y la venta de paraestatales, la de Zedillo con la privatización de ferrocarriles y las acciones sospechosas del ex presidente con la empresa privatizada; la de Vicente Fox y Martha Sahagún con su millonaria fundación Fox y la fuga sospechosa del Chapo Guzmán y finalmente la Casa Blanca de Peña y la casa de campo del secretario de Hacienda Videgaray.
A tal grado aparece el nivel de corrupción en México, que recientemente la Embajadora de Noruega, Merethe Negaard, hizo público que su gobierno (entre los más honestos del mundo, por cierto) alerta a sus empresas para que al tratar con gobierno o empresas mexicanas, se muevan con mucho cuidado por la rampante corrupción: “El consejo que les estamos dando a las compañías noruegas es que deben tener cero tolerancia contra la corrupción. Porque hay mucha corrupción en todos los niveles, en todo”. Dijo.
Zacatecas se caracterizaba por tener una clase social en opulencia, derivada de actividades relacionadas con la ganadería y con la agricultura a gran escala. Pocas familias eran propietarias de los terrenos más productivos en el estado y de las fincas más grandes y hermosas por su arquitectura en las cabeceras de los municipios y en el Centro Histórico de la Capital.
Hacerse de los terrenos agrícolas y de las fincas de los siglos 18 y 19, significó esfuerzo y en algunos casos el paso de varias generaciones.
En tan sólo una década, las fincas urbanas y los terrenos de aquellos antiguos propietarios de élite social, de pronto han estado pasando a propiedad de gobernantes y políticos jóvenes, con tan sólo unos cuantos años de su ascenso al poder. ¿Cómo es eso y, como se logra eso?
La investigación queda a cargo de historiadores y académicos y periodistas investigadores.
Por otro lado, pero en la misma tesitura, pudiera ocurrir, si los zacatecanos permanecemos impasibles y observamos los acontecimientos como decía mi amigo ya fallecido, el Poeta Jorge Salmón; “con ojos de vaca”, o sea, indiferentes del todo, que la Transnacional Cervecera Modelo, adquiera en concesión el emblemático Mercado González Ortega y, en última instancia si la Suprema Corte de Justicia no dijera otra cosa.
El pasado miércoles 18 se llevó a cabo una reunión “a puerta cerrada”, donde participó la Tesorera Municipal, el Secretario de Turismo Municipal y cuatro representantes del grupo Modelo, donde los locatarios fueron amedrentados por los representantes de la cervecera, con la terminación del contrato. En cambio, los que estuviesen de acuerdo en aceptar las condiciones (no se dijo cuales), celebrarían nuevo contrato con la empresa y sería renovable hasta por diez años.
La amenaza principal de terminación o rescisión de contratos y desalojo de los locales, recayó en aquellos que no van al corriente del pago de rentas, a quienes no quedó alternativa de aceptar los condicionamientos no expresos que pretende imponer la cervecera.
Es obligado resaltar las funciones de autoridad que ejercen los representantes de la empresa cervecera, personajes realmente sin atribución alguna, pero que asumen ante una autoridad, que debiera ser la legítima, que ha declinado ejercer sus funciones en interés mezquino, que los ciudadanos, más temprano que tarde sabrán recriminar.■
