El diputado local por Morena, Ernesto González Romo, planteó ante la soberanía del estado, una iniciativa con proyecto de decreto que pretende modificar el Código Penal del Estado para aumentar las penas en delitos cometidos por servidores públicos vinculados a hechos de corrupción y sancionar a las autoridades que colaboren con el crimen organizado, a la que bautizó como “Ley Genaro García Luna”.
Dicha iniciativa forma parte del llamado “Plan Integral Parlamentario de Seguridad” que el legislador ha planteado y entre cuyos objetivos se planea modificar el Código Penal estatal y en este caso, con la “Ley Genaro García”, sancionar a los funcionarios “cobardes y corruptos” que cometen delitos para beneficiar a la delincuencia organizada.
Con dicha propuesta, a decir del legislador, prácticamente se modificaría todo el catálogo de sanciones a los servidores públicos tipificadas en el Código Penal a fin de que los funcionarios que incurran en actos corruptos no puedan eludir su responsabilidad argumentando la prescripción de los delitos o bien, que éstos no son merecedores de prisión preventiva.
González Romo recordó que a nivel federal se realizó una modificación para que los delitos vinculados a la corrupción ameriten prisión preventiva, lo que hace necesario que en Zacatecas se actualice el marco normativo para garantizar que dichos delitos tengan las penas adecuadas para que jueces y todos los que participan en el sistema de impartición de justicia, puedan asegurar que los corruptos vayan a la cárcel.
Entre otros aspectos, la propuesta del morenista busca castigar hasta con 20 años de prisión el ejercicio indebido o el abandono de funciones; como ejemplo es que para el delito de cohecho se plantean hasta 40 años de cárcel.
En ese mismo tenor, propone que se tipifique el delito de “cobardía burocrática”, el cual cometerá el servidor público que por ceder a amenazas o por recibir un beneficio económico, colabore activamente o mediante omisiones para ayudar a personas u organizaciones delictivas, contribuyendo a la comisión de ilícitos y ayudando a que estos queden impunes, facilitando el traslado de dinero, armas u otros instrumentos usados para delinquir. Por este delito se plantea una pena que va de los 35 a los 50 años de prisión. El objetivo primordial de su iniciativa, concluyó, es garantizar a los ciudadanos que la corrupción no quedará impune.
