Titulares de los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) subarriendan de manera irregular los locales comerciales del Sistema de Transporte Colectivo Metro y cobran, en algunos casos, hasta 100 mil pesos cuando las contraprestaciones que entregan al organismo oscilan entre 3 mil y 10 mil pesos.
Así lo aseguró el director del Metro, Adrián Rubalcava, quien señaló que el nuevo reglamento busca poner orden en la actividad comercial en todo el sistema, pues, además, se detectó un excedente superior a 30 por ciento de módulos o cilindros que carecen de documentación o presentan permisos que no corresponden con la línea o el espacio que ocupan
El funcionario sostuvo que grandes empresas y particulares acumularon durante años numerosos permisos y convirtieron los espacios públicos en un negocio privado, pese a que los PATR no generan derechos de propiedad, por lo que no pueden venderse, heredarse ni traspasarse y deben ser aprovechados directamente por sus titulares.
“Si yo soy propietario de un PATR, no lo puedo traspasar; eso está prohibido. Es un permiso que justamente es revocable”, puntualizó luego de inaugurar, junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el mural Apoteosis, del artista plástico Federico Kampf.
Consideró que se ha caído en abusos, pues lamentablemente los que trabajan los PATR no son los titulares y tienen que pagar altas cantidades, por lo que se hará una revisión de estos permisos, a fin de que las personas que realmente están en estos espacios puedan explotarlos directamente.
Como parte del ordenamiento, indicó que se credencializará tanto a titulares como a las personas que laboran en los módulos, que deberán portar chalecos con el color correspondiente a la línea donde se encuentran y un tarjetón con candados de seguridad para impedir su falsificación o duplicación.
Aunque el reglamento ya está vigente, señaló que habrá un periodo de adaptación de tres meses, durante el cual se realizarán reuniones con representantes y comerciantes para explicar las disposiciones.
Añadió que las medidas no pretenden limitar las ventas, sino evitar la expansión de puestos hacia áreas destinadas al tránsito de pasajeros o a la atención de emergencias.
Indicó que también se revisarán los protocolos junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el retiro de los comerciantes conocidos como “vagoneros” para evitar abusos durante los operativos, pues consideró excesivo que sean esposados, incluso, frente a los menores de edad que en algunas ocasiones los acompañan.
El funcionario comentó que cuando se retire mercancía deberá levantarse un inventario firmado por el comerciante o por dos testigos y los productos no perecederos tendrán que resguardarse hasta por 15 días y los perecederos durante 24 horas.
