En la primera medición de la pobreza multidimensional realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en sustitución del desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), dada a conocer en días recientes, hay extraordinarias buenas noticias: la pobreza se redujo en México, pero no solo eso, hay un avance sin precedentes, pues hay una reducción superior a los trece millones de personas, pasando de 51.9 millones en 2018 a 38.5 millones en 2024. Hay tres factores que pueden explicar, según los expertos en la materia, dichos avances: el primero es la atinada política salarial que impulsó el gobierno anterior, una deuda que los gobiernos que lo precedieron, habían venido acumulando injustamente con la clase trabajadora; la determinación de eliminar la subcontratación o lo que se conoce como outsourcing, y desde luego, la política social, implementada a través de los programas sociales. No hay forma decente de demeritar dichos resultados; queda reconocerlos, congratularnos como nación y destacar que, guste o no, López Obrador cumplió su principal promesa desde hace dos décadas: primero los pobres. En ese sentido lo que queda es mejorar las políticas que se desarrollaron para transformarlas de política pública a políticas de Estado, pues no basta con que hayan quedado insertas y reconocidas como derechos en la Constitución, hay que fortalecer su diseño, su estructura y sus instrumentos para que sean ya una constante, independientemente de la expresión política en el poder.
Dicho lo anterior, no puede tampoco dejar de analizarse críticamente lo que arrojó dicha medición, pues sí bien, el resultado central es motivo de celebración, también lo es de preocupación lo que implica en relación a lo que se conoce como carencias sociales. El más destacado de estos datos está en la dolorosa situación que enfrenta el sistema de salud en México. Según la organización no gubernamental, “México ¿cómo vamos?”: La carencia por acceso a servicios de salud aumentó más de 10 puntos porcentuales entre 2020 y 2022, y aunque en 2024 disminuyó 5 puntos, sigue por encima del nivel de 2020 (28.2%) y duplica el registrado en 2016.
Reconocerlo es parte de la solución. Así lo parece hacer la administración que encabeza Claudia Sheinbaum, quien ha designado a todo un nuevo equipo de profesionales al frente de dicha asignatura y además ha dedicado tiempo para atender los pendientes y rezagos. Sin buscar justificaciones oficiosas, hay que reconocer que las políticas públicas tienen un riesgo, aún más latente sí son disruptivas, de no obtener el resultado esperado en el momento en que se diseñan y es parte de los desafíos a los que los tomadores de decisiones y hacedores de políticas deben enfrentarse constantemente con resiliencia. Sin embargo, este resultado y otros en materia de servicios y garantía de derechos sociales nos recuerdan con fuerza que las instituciones importan, trascienden a los individuos, su voluntad, sus fuerzas e intenciones. Por eso construirlas, fortalecerlas, reformarlas para adecuarlas y mejorarlas es una tarea que no debemos sustituir por el voluntarismo y la simplificación. Son complejas, en un sistema democrático pueden parecernos lentas y muchas veces suelen burocratizarse. Rediseñarlas y darles contenido social debiera ser el reto de los nuevos tiempos para nuestro país, y en general para todas las democracias.
Estos resultados positivos, dignos de celebrarse y motivo de orgullo, solo podrán sostenerse y en su caso ampliarse a partir de un Estado con capacidades institucionales, que mejore su andamiaje en la lógica de los derechos y que consolide sus herramientas con una burocracia capacitada, comprometida y socialmente sensible; instrumentos normativos adecuados, modernos y moldeables a la realidad a la que se pretendan aplicar y, no hay que obviarlo y menos omitirlo, combatir la corrupción e impedir la impunidad de forma sistemática, sustancial y efectiva, para que no se desvíe el tremendo esfuerzo e inversión en materia de programas sociales en vicios o abusos de quienes deben solo operarlos, implementarlos y garantizarlos. Por eso, hay que celebrar las buenas noticias a partir de un compromiso reiterado y confirmado con nuestras instituciones públicas.
@CarlosETorres_
