El subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, informó que el amparo promovido contra el reciente incremento a la tarifa del transporte urbano en Zacatecas fue rechazado en primera instancia por el Juzgado Primero de Distrito, al negarse la suspensión provisional solicitada por los promoventes, aunque aclaró que el proceso jurídico continúa y será este mismo día cuando la jueza determine si procede o no la suspensión definitiva.
Durante una entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal explicó que la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría a su cargo ya respondieron dentro del plazo legal de 48 horas otorgado por la autoridad judicial. “Recibimos de parte del juzgado el amparo que hace, me parece que es un despacho con algunos ciudadanos en torno a la modificación de la tarifa. Decirles que el juzgado en primera instancia les negó la suspensión provisional, que era lo que estaban pidiendo”, señaló.
Reyes Romo indicó que desconoce quién encabeza el despacho jurídico que promovió el recurso, además de asegurar que no habían percibido un rechazo generalizado de la ciudadanía por el aumento autorizado recientemente al transporte público. “No conozco además, no sé quién es el abogado, no lo he escuchado y tampoco había sabido que hubiera una inconformidad al respecto”, declaró.
En ese sentido, minimizó el alcance de la inconformidad al señalar que únicamente firmaron tres personas el recurso legal. “Firmaron tres, de tres de no sé cuántos ciudadanos, la verdad muy poco realmente. No habíamos sentido nosotros el reclamo ni tampoco las quejas”, sostuvo.
El subsecretario consideró que el recurso podría obedecer más a intereses coyunturales que a una inconformidad social generalizada. “Yo creo que es un tema coyuntural que está aprovechando alguien o que está haciendo alguien nada más con otros fines”, expresó.
No obstante, reconoció que, en caso de que el amparo continúe avanzando, el procedimiento podría extenderse durante un periodo considerable. “Está atendido jurídicamente el asunto, se iría un juicio del tema y posiblemente no sé cuánto tiempo tardaría en resolverse”, comentó al ser cuestionado sobre la posibilidad de una resolución inmediata. Incluso, subrayó que “no es algo que se pueda solucionar a la brevedad”.
Respecto a los argumentos que presentaron los concesionarios para solicitar el incremento tarifario, Reyes Romo explicó que uno de los principales factores fue el aumento en el precio del diésel derivado del contexto internacional y el conflicto en Medio Oriente. Aunque reconoció que la regulación de los combustibles corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señaló que el incremento en los costos de operación impactó directamente a los transportistas.
“Parte del argumento que utilizaron los concesionarios para la modificación de la tarifa es precisamente el alza que se dio hace unos meses por el tema internacional que había o que existe todavía en el conflicto en el Medio Oriente”, afirmó.
Asimismo, detalló que el aumento autorizado no resuelve por completo los problemas financieros del sector, aunque sí representa un alivio parcial. “No es suficiente, pero con eso es un respiro”, puntualizó. Explicó que los propios concesionarios estimaban pérdidas y gastos diarios de entre 150 mil y 200 mil pesos considerando todas las rutas urbanas.
En otro tema, el funcionario informó que ya inició un proceso de revisión integral de las unidades del transporte público urbano, mediante inspecciones ruta por ruta, con el objetivo de retirar de circulación los camiones que representen un riesgo para los usuarios.
“Las más fregadas es de sacarlas de circulación, de plano, es un compromiso que estamos haciendo”, declaró. Sin embargo, admitió que el deterioro generalizado de las unidades dificulta una depuración total del sistema. “Es imposible que podamos erradicar todo el transporte público porque el 90 por ciento realmente no reuniría las condiciones óptimas para el servicio público”, reconoció.
Pese a ello, aseguró que las unidades consideradas peligrosas sí serán retiradas. Hasta el momento, dijo, ya se han sacado de circulación cuatro autobuses. “Sí las que de plano son un riesgo para la ciudadanía y la sociedad que utiliza el transporte público, sí las estamos sacando de circulación”, indicó.
Reyes Romo también anunció el arranque de un proceso de regularización de concesiones, al revelar que más del 60 por ciento de las concesiones del transporte urbano presentan irregularidades.
“¿Qué significa esto? Que el posesionario de la concesión no es el concesionario, no es el que se entregó. Posiblemente sean renteros, prestadores de concesión”, explicó.
Detalló que la subsecretaría buscará regularizar aquellas concesiones donde legalmente sea posible, mediante mecanismos administrativos de transmisión o transferencia. Sin embargo, advirtió que habrá casos donde no podrá concretarse la regularización. Además, reveló que existen más de 200 concesiones que actualmente permanecen inactivas.
