La Comisión Jurisdiccional de la 64 Legislatura declaró que el pedimento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) para retirar el fuero a Julio César “N”, como alcalde de Guadalupe, ha lugar a proceder por los hechos que se le imputan, y en consecuencia, se le retire la inmunidad procesal para que quede a disposición de las autoridades competentes y comparezca al proceso penal iniciado en su contra, además de que sea separado del cargo.
Así lo dio a conocer el presidente de dicha comisión, Enrique Laviada Cirerol, desde la tribuna de la 64 Legislatura, en sesión ordinaria de este jueves, cuando subió a leer el dictamen en sentido positivo, mismo que deberá discutirse y votarse por el pleno este viernes para que finalmente proceda el desafuero del servidor público imputado. Por el momento, sólo se leyó el dictamen que, por ser de carácter público, no contiene los detalles de la investigación y para aprobarse el desafuero, será necesario el voto a favor de 16 de los 30 diputados.
Laviada Cirerol enfatizó que la Comisión Jurisdiccional realizó todos los trabajos correspondientes, cumpliendo con lo que se ofreció al pleno y que consistió en conducirse con absoluta seriedad, con institucionalidad, y con estricto apego a la legalidad, además, respetando siempre el debido proceso y sus tiempos. “Actuamos con celeridad necesaria, siempre atendiendo a todos y cada uno de los procedimientos legales requeridos en este tipo de asuntos”, aseguró.
La finalidad de este
procedimiento no es
definir ni prejuzgar
sobre la culpabilidad
o inocencia
del servidor público
Asimismo, destacó que la comisión otorgó la oportunidad a Julio César “N” de manifestar lo que a su derecho convenga, lo que se efectuó desde el momento en que el expediente fue turnado al colectivo dictaminador, a lo que el servidor público respondió participando activamente en el proceso de declaración de procedencia, presentando dos escritos solicitando intervenir en el proceso y la recusación de dos diputados.
Asimismo, el legislador enfatizó que la finalidad de este procedimiento no es definir ni prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del servidor público, únicamente se determinó si se remueve o no la inmunidad procesal y si se pone o no a disposición de la autoridad competente al servidor público, lo que finalmente se aprobó en comisiones, luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía el pasado 17 de abril.
En ese sentido, concluyeron que se debe retirar el fuero constitucional al servidor público municipal y, en consecuencia, se debe retirar inmunidad procesal que deriva de él para el efecto de que quede a disposición de las autoridades competentes y comparezca al proceso penal, lo que sucederá a partir de la aprobación que se dé en el pleno, este viernes, si es que el voto a favor se da en dos de tres partes de los miembros de la Legislatura presentes.
