Con la representación del abogado Darío Gamón Rodríguez, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, remitió a la 64 Legislatura su solicitud de intervención en el proceso, y bajo su derecho concedido por la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado de Zacatecas y Municipios, pidió en su recusación, que los diputados Enrique Laviada Cirerol, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y Juan Mendoza Maldonado, no intervengan en el proceso de desafuero que se le pretende aplicar por su implicación en el homicidio calificado del abogado Raúl Calderón Samaniego, además el abogado declaró como “una farsa” todo el procedimiento.
Los argumentos del imputado son que Laviada Cirerol hizo público ya el sentido de su voto en una entrevista con un medio de comunicación, violando, en este sentido, el proceso; en tanto que el legislador Juan Mendoza Maldonado ha hecho pública su relación con la familia de la víctima, por lo que su actuación en el proceso no garantiza imparcialidad. Esto se especificó en un documento que el imputado envío a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo y luego fue expuesto por el abogado en el inicio de la sesión de la Comisión Jurisdiccional.
En un primer momento, en entrevista con medios de comunicación, el abogado del edil criticó la celeridad “impresionante” con la que está actuando la Legislatura, pues aún y cuando este jueves se notificó a la presidencia municipal de Guadalupe, el inicio del procedimiento de la declaración de procedencia, el mismo día pretendían sesionar, sin respetar los 10 días que tiene el imputado para recusar, por lo que, al inicio de la sesión de la Comisión Jurisdiccional, solicitó sea respetado ese tiempo para su legítima defensa, así como conocer el expediente para los mismos términos de dicha defensa.
En la entrevista, Gamón Rodríguez señaló que, en 2020, el fiscal Francisco Murillo Ruiseco sí entregó las carpetas de investigación de declaración de procedencia contra el alcalde y la síndico de Mazapil, y en esta ocasión no lo ha hecho, cuando de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos los diputados, si bien no son juzgadores, son los que deben determinar si existen elementos o si se le permitió declarar ante el Ministerio Público al alcalde.
“Es evidente que el sistema acusatorio actual no establece estas situaciones, pero la Fiscalía sí puede llamar a declarar a las personas que están siendo investigadas. La cuestión es: ¿por qué en este caso no?, ¿por qué se trata del alcalde o cuál es la cuestión?”, señaló el abogado, quien precisó que la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos es la que debe seguirse en este procedimiento y no el Código Nacional Penal.
Asimismo, en un primer momento, el abogado señaló que tampoco tenían acceso a las órdenes de aprehensión y que se habla de “una fémina” que sería la esposa del alcalde; no obstante, aseguró que, hasta este jueves, era sólo abogado del edil. Sin embargo, minutos más tarde, y en otra ronda de entrevistas, el abogado se contradijo al señalar que será abogado defensor “del alcalde Julio César Chávez Padilla y su esposa María de Jesús Gamboa”, que notificó, ambos se encuentran en Zacatecas.
Posterior a su comparecencia ante la Comisión Jurisdiccional, a quienes les expuso lo arriba mencionado, la sesión se convirtió en privada, y fuera del recinto legislativo, Gamón Rodríguez señaló y criticó que se filtró un dictamen de dicha comisión con el sentido positivo del voto a favor del desafuero del alcalde; no obstante, subrayó que no era oficial, pero aun así consideró que era “una farsa” lo que estaban haciendo los legisladores y se podría proceder en contra del procedimiento que está “viciado”.
