De manera reiterada en estas páginas hemos insistido en la importancia de discutir sobre el diseño institucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Dicho debate tomó aún más pertinencia con los eventos, tanto políticos como normativos, que han venido dándose desde 2024. La implementación de lo que se conoció como Plan C, particularmente en lo que hace a la reforma judicial y la que extinguió a varios órganos constitucionales autónomos, entre ellos el órgano garante de transparencia, impactó de forma directa la conformación del Comité Coordinador de dicho sistema, pues dos de sus integrantes originales ya no existen y han sido sustituidos por otros de naturaleza distinta.
Por ello, es de celebrarse que el pasado lunes 19 del presente mes, la Comisión Anticorrupción de la Cámara de los Diputados, en coordinación con el Legislador Alfonso Ramírez Cuéllar y la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, y por tanto cabeza del Comité Coordinador, Vania Pérez Morales, convocaran en clave de parlamento abierto, a un diálogo y análisis para escuchar voces en dirección a la construcción de una propuesta de reforma de dicho sistema. La buena noticia no solo es que por fin se atienda un tema que venía postergándose a costa del funcionamiento y utilidad pública del propio sistema.
Entre las propuestas que Pérez Morales presentó, destacan un fortalecimiento institucional tanto del Sistema como de la presidencia del mismo. En cuanto a la primera, se propone la integración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su comité coordinador, con la perspectiva de que el SNA cuente con las herramientas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF); así como de la Agencia de Transformación Digital. Con respecto a la segunda, con la ampliación del mandato (que actualmente es de un año), a un periodo de cinco años. Así mismo, destaca la reformulación de la Política Nacional Anticorrupción, manteniéndola como una Política de Estado, pero con indicadores vinculantes, y una evaluación externa. Entre las quince propuestas que la Presidenta del CPC presentó también cabe separar las relacionadas con el enfoque en materia de derechos humanos, la del fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y participación ciudadana.
A su vez, el experto en Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Jacobo Pastor Aguilar, propuso que, al Comité Coordinador del Sistema, se integre al Instituto Nacional Electoral (INE), más aún en el contexto de la discusión pública de una reforma electoral.
Me refiero a estas propuestas, que son las que, desde este punto de vista, resultan más importantes y oportunas para dotar de fuerza, articulación, herramientas y legitimidad a un Sistema Nacional Anticorrupción al que urge poner al día, pero también revalorar en un contexto que dista mucho de ser en que prevalecía cuando se creó.
Agregaría, de manera propositiva en esta primera nota de dicha discusión, que vale la pena explorar que el Comité de Participación Ciudadana (que anteriormente ya hemos propuesto sea sustituido por un Consejo de Participación e Incidencia Ciudadana, mucho más amplio con participación de miembros del Sistema Nacional de Investigadores), que cuente con la atribución de formular e impulsar políticas públicas mediante recomendaciones que, sin perder su naturaleza, adquieran un carácter vinculante en la medida en que las instituciones estén obligadas a motivar y fundamentar la adopción (o rechazo) de dichas estrategias y exhortos. De no hacerlo, deberá preverse la posibilidad de que sean denunciadas ante el Poder Legislativo correspondiente, a fin de sus titulares comparezcan públicamente y rindan cuentas por la omisión o negativa a atender tales recomendaciones. Asimismo, es indispensable dotar a los ciudadanos integrantes del SNA de un mecanismo de denuncia “prioritaria” que imponga a los órganos de control la obligación de acelerar las investigaciones, diligencias y, en su caso, la adopción de medidas cautelares debidamente justificadas, así como la emisión de resoluciones en asuntos de especial relevancia o carácter emblemático. Todo esto, cabe aclarar ya lo habíamos dicho aquí mismo (“Corrupción e inseguridad: reformemos el sistema anticorrupción”. La Jornada Zacatecas, 26 de noviembre de 2025).
Queda pues la nota para referir, aplaudir y reconocer la iniciativa, apertura y oportunidad de este foro y los que seguramente habrán de venir. Nos sumamos con entusiasmo propositivo a dicha iniciativa.
@CarlosETorres_
