La característica férrea del presidente AMLO lo ha llevado a lograr lo que ninguno de sus antecesores. Su terco afán por arremeter en contra de quienes él llama conservadores o sus adversarios, muy lejos de generar antipatía ciudadana, ha redituado en una generalizada aceptación popular y, entre mayores sean los ataques hacía él, fortalecen su gobierno. Quiénes ahora se escandalizan de sus actuaciones, es que no entendieron, hicieron caso omiso o tomaron como simple broma, sus promesas ofrecidas durante su campaña. Por eso, no todo lo que ha realizado durante los primeros dos años y medio de su sexenio, debe parecer sorpresivo para nadie. Ya estaba anunciado. Ya… desde hace más de quince años… Una de sus muchas “ofertas” fue: “al diablo con las instituciones”, y ha cumplido. Ocioso repetir lo que en exceso conocemos.
Durante la mañanera del miércoles de la semana que termina, el jefe del Ejecutivo federal, inauguró una “sección semanal” por así decirlo, que llevará por nombre “Quién es Quién en las Mentiras de las Semana”. Se transmitirá los miércoles y la responsable es Ana Elizabeth García Vilchis, quien se anunció, será propuesta como directora de Redes de la Comunicación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia.
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Bien sabemos que los actos de gobernantes, son cuestiones que atañen al interés público y que por ello, deben ser de conocimiento del pueblo. La forma de conocerlos es obviamente a través de los medios llámense televisión, radio, o bien, de las redes sociales. Así encontramos el derecho a la información. El pueblo tiene el derecho de acceder a la información, para conocer la manera en que ejercen sus funciones los representantes en quienes depositó su confianza y les otorgó su voto en las urnas.
Pero además, el Estado tiene obligación a proporcionar la información que le sea requerida por los ciudadanos, ya que estos además de tener derecho a acceder también lo tienen para recibir información.
Así, encontramos dos derechos: el derecho a la información y el derecho de la información. En ambos, el titular o sujeto activo es toda persona dentro de territorio nacional y el sujeto pasivo es el Estado, quien a través de los gobernantes tienen obligación de respetarlos y no interferir en su ejercicio.
Quienes acceden a esa información para difundirla, obviamente que son los medios. Al transmitirla como noticia para conocimiento popular, se generan opiniones, ideas, se dan puntos de vista, debates, en fin se da una polémica dentro de la cual existen cuestionamientos para los gobernantes. De eso se trata precisamente. Sería difícil encontrar a alguna persona que quisiera tener información para no tener una opinión propia y permanecer en silencio absoluto. En toda esta dinámica, existe el derecho a disentir. No siempre hay acuerdo de opiniones. Sin embargo, en una democr5acia, debe existir la tolerancia a la diversidad y pluralidad de las ideas.
En México nuestra Carta Magna reconoce para todas las personas el derecho a la libertad de expresión. Así señala el primer párrafo del artículo 6.- “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos propuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”
Quedan incluidas en este derecho, todas las libertades para la expresión de ideas a través de: la cultura; las artes: la literatura; el periodismo, etc. Se trata de un derecho más general.
Igualmente, el texto supremo, en el primer párrafo de su artículo 7 señala: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información o ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres o aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación, encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.
A diferencia del anterior, este derecho es concreto. Sólo reconoce la libertad de imprenta. La libertad de transmitir ideas u opiniones por medio de la escritura.
Lo inaugurado por AMLO en la mañanera del pasado miércoles, tiene como fin, tratarse de un mecanismo de réplica que el gobierno asume en contra de los medios y redes sociales que exhiben falacias o inconsistencias.
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Esto me parece que se trata de una forma de censura, y en una democracia como la que existe en México no es admisible porque violenta el derecho a la libertad de expresión, toda vez que no se actualizan ninguno de los supuestos para su inquisición judicial o administrativa, como tampoco para su restricción establecidos en los numerales citados: 1.,- ataque a la moral. 2.- ataque la vida privada. 3.- ataque a los derechos de terceros. 4.- provoque algún delito. 5.- perturbe el orden público.
AMLO es democrático debería corregir.
