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jueves, 28 marzo, 2024
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“Reforma al outsourcing se negoció a cambio de un límite en las utilidades”

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

■ Su fortaleza radica en garantizar los derechos del trabajador en los grupos empresariales

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■ El reto ahora es que haya una correcta aplicación de ley y se eviten simulaciones: Navarro

 

Iván Navarro Solís, abogado laborista de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), afirmó que la reforma a la Ley del Trabajo, mediante la cual se plantea la regulación del outsourcing, fue negociada a cambio de establecer un límite en el reparto de las utilidades. Sin embargo, el reto será que haya una correcta aplicación de la ley y que se evite simulaciones con los grandes corporativos.

“Fue una reforma negociada debido a que los actores patronales obtuvieron un ajuste en el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, consistente en que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años o en su caso, se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”.

Detalló que, con ello se creó una especie de fórmula para el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) que resulta confusa, ya que lo lógico es que la reforma entrara en vigor únicamente para efectos de subcontratación, pero que para las utilidades su vigencia fuera en 2022 para efectos fiscales.

Indicó, entonces, que la fortaleza de la reforma radica en garantizar los derechos del trabajador en los grupos empresariales donde existen prestadoras de servicios. Sin embargo, tal bondad de la reforma dependerá de que la aplicación de las normas jurídicas que la componen, se realice conforme a derecho y no se genere un nuevo campo de simulación en la sede administrativa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Navarro Solís detalló que la reforma pretende regular el outsourcing en servicios especializados y evitar su uso para evasión de carácter fiscal y para evitar que se burlen los derechos laborales de los trabajadores, pero el reto ahora es que no haya simulación en las grandes empresas.

“Ahora se va a permitir la existencia del outsourcing, pero registrado en la Secretaría del Trabajo, que se acredite el servicio especializado que se va a prestar y que esas empresas acrediten la solvencia para responder a las obligaciones laborales, seguridad social y eventualidades en caso de terminación de la relación laboral”, explicó.

En ese sentido, consideró que la reforma a la ley es buena, porque en cualquier conflicto legal las empresas podían argumentar que no tenían trabajadores, pues estos eran subcontratados.

Mencionó el ejemplo de los bancos que, en todos los juicios, argumentan que no tienen trabajadores y, en efecto, estos aparecen adscritos a empresas con nombres como “Servicios Administrativos”, y cuando se les ganaba algún proceso legal, al final solamente se les podía embargar una computadora y un escritorio.

Entonces, Navarro Solís reiteró que el reto es que la aplicación de la ley sea adecuada y que esas empresas que proveen de trabajadores demuestren que tienen la solvencia para el pago de salario, seguridad social, prestaciones y eventualidades.

“En una mina se requieren muchos servicios especializados, como el de transporte o el de electrificación interior, y es válido que contrate empresas especializadas en ello, pero ahora con la reforma se pretende que éstas demuestren solvencia económica para sus trabajadores”, agregó.

Manifestó que, durante muchos años, el outsourcing permitió a los patrones evadir relaciones laborales y en los juicios la empresa condenada era la subcontratada, de manera que ese es un aspecto positivo de la reforma a la ley.

No obstante, será necesario evitar la simulación en la aplicación de la ley, pues la reforma “puede ser una ley muy bonita, pero al momento de aplicarla, la Secretaría del Trabajo se desentiende”.

Para concluir, Navarro Solís dijo que ojalá “que la reforma y su correcta aplicación sirvan para incrementar el empleo formal; para combatir realmente la simulación, elusión y evasión fiscal que hacen pagadoras, factureros, algunas cooperativas y sindicatos; para combatir la evasión laboral y simulación de derechos de los empleados; brindar mayor seguridad y certeza jurídica a los trabajadores, así como calidad en el empleo, ya sea que estén actualmente contratados por outsourcing, insourcing o sean empleados directos; y para regular, conforme a derecho, la prestación de los servicios especializados de personal”.

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