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miércoles, 24 abril, 2024
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Desaparecida, doctora zacatecana que atiende casos Covid-19 graves en el IMSS de Durango

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Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

■ La Fiscalía General del Estado la aprehendió por supuesta negligencia médica

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■ Su familia y médicos denuncian que le tomaron declaración sin sus abogados presentes, por lo que se violentaron todas sus garantías civiles; exigen que sea liberada

 

Ayer trascendió la noticia de la desaparición de la doctora zacatecana Azucena Guadalupe Calvillo Carrillo, quien se desempeña en las áreas de terapia intensiva de Covid-19 en el IMSS y el Hospital 450 ubicados en la capital de Durango, de donde salió de trabajar a las 21:30 horas y se dirigió a su casa y no llegó, según notificaron familiares de la trabajadora de la salud, sin embargo, horas después se supo que fue detenida acusada de negligencia médica, aunque médicos acusan “tráfico de influencias”.

Luego de la notificación, corporaciones de seguridad, familiares, compañeros de trabajo y amigos aquí en Zacatecas y en Durango, emprendieron su búsqueda.

Incluso, a las afueras del Hospital del IMSS se manifestó el personal de salud para exigir su pronta aparición, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) activó el Programa Esmeralda.

Sin embargo, horas más tarde, la prensa duranguense daba cuenta de un giro en el caso de la médica zacatecana al informar que había sido localizada, pero que se encontraba detenida por la misma Fiscalía General del Estado (FEG) acusada por el delito de negligencia médica relacionada con el caso del internamiento de un magistrado, que al estar internado por Covid, de acuerdo con medios duranguenses, “alguien trató de desconectarlo”, por lo que la hermana del paciente, quien fuera delegada del IMSS, presentó la denuncia de negligencia en contra de la doctora por ser la encargada del área.

Luego de dicha noticia, un grupo de médicos duranguenses en compañía del esposo de la detenida se apersonaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir la liberación de la médica zacatecana, ya que señalan, en voz de José Alvarado Hernández, presidente del Colegio de Cirujanos Médicos de Durango, que fue privada de su liberad sin orden de aprehensión, además de que le tomaron declaración sin sus abogados presentes, por lo que, señalan, se han violado todas sus garantías civiles.

“Es impresionante que en estos tiempos esté pasando esto, y más a nosotros como médicos. Estamos cansados de la situación, de los malos manejos y más ahora por ir contra la doctora Calvillo, que es la que más ha salvado vidas. No puede ser posible que la estén tratando de esa manera”, aseveró Alvarado Hernández, quien además señaló que hay en el caso un tinte político y tráfico de influencias, por lo que además amenazaron con abandonar la atención de las áreas Covid de los nosocomios hasta que se esclarezca el caso.

Por su parte, la fiscal general del estado de Durango, Ruth Medina, informó en conferencia de prensa que una vez que se tuvo conocimiento del “atentado” contra el magistrado, se activó de manera inmediata el protocolo para mover a todo el gabinete de investigación del IMSS, gracias a quienes se dio cuenta de los hechos mediante videos de las cámaras de vigilancia en los que se observa a una persona de sexo femenino que ingresó fuera de horario laboral para la comisión del delito calificado como “homicidio en grado de tentativa”.

La fiscal aseguró que todo el proceso de detención se llevó conforme a la ley y que en todo momento se han respetado los derechos humanos de la imputada, así como sus garantías. Descartó también que haya tráfico de influencias por la parte acusadora, ni presión alguna que los obligara a actuar, sino que todo se debió a la pronta denuncia del IMSS y a las evidencias y pruebas del delito, entre ellas “una sustancia en una jeringa”, por lo que se continuará la investigación y se espera que sea vinculada a proceso.

En redes sociales, el gremio médico tanto de Zacatecas como de Durango comenzó a manifestarse y pedir su inmediata liberación, y acusaron de que se está haciendo del acto médico un delito ante la incapacidad de las autoridades de manejar la pandemia.

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