La política de combate a la corrupción del Gobierno Federal ha mostrado que es selectiva: académico

■ Irregularidades en operación del programa de Crédito Ganadero “será una prueba para ver si se actúa de acuerdo con la norma o en términos de conveniencia política”: Marco Torres

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■ Opina que hay suficiente información para que actúe la SFP, especialmente porque se avecina un proceso electoral y el dictamen final podría emitirse entre febrero y marzo

La política de combate a la corrupción del Gobierno Federal ha mostrado que es selectiva, por lo que la actuación de las autoridades en el caso de David Monreal Ávila y las irregularidades que ha revelado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la operación del programa de Crédito Ganadero a la Palabra. “será una prueba para ver si se actúa de acuerdo con la norma o en términos de conveniencia política”.

Así lo expresó Marco Antonio Torres Inguanzo, docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), quien consideró que este caso “es una prueba al presidente Andrés López Obrador, de cómo va a actuar, porque está claro que el combate a la corrupción es selectiva, muestra de eso es el caso del Ejército y de La Estafa Maestra”.

Refirió que el dictamen aún es preliminar y el dictamen final se emitirá hasta febrero del próximo año, pero en este momento llama la atención la suspensión presupuestal de ese programa que originalmente tuvo 3 mil millones de pesos y que, además, esté en el listado de programas prioritarios.

Al tratarse de un programa prioritario, expuso que el Gobierno Federal implementó un mecanismo de blindaje en el tema financiero y por lo tanto se podía suspender presupuestalmente a menos que ocurra algo de gravedad.

En ese sentido, “es un dictamen muy fuerte el hecho de que el programa quede presupuestalmente suspendido siendo un programa prioritario. Este dictamen de la auditoría es de facto y muestra un resultado de reprobación de la gestión y del desempeño del equipo que integró ese programa”.

Sin embargo, Torres Inguanzo explicó que habrá que esperar a ver lo que haga la Secretaría de la Función Pública (SFP), en correspondencia con el dictamen de la auditoría, y ahí lo que ocurre “es que hay una observancia de la ley de manera selectiva”.

Indicó que en este momento hay suficiente información para que la SFP inicie un procedimiento con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Secretaría de Hacienda, a fin de emitir dictaminaciones hacia la ASF.

El problema reside en que “se ha visto una respuesta selectiva. Hay a quienes sí se le fincan responsabilidades y hay a quienes no, y el criterio ha sido político, como es el caso de ‘La Estafa Maestra’, donde a algunos sí se les aplica la ley y a otros no”.

En el caso del Programa de Crédito Ganadero a la Palabra, reiteró que ya hay la suficiente información para que actúe la SFP, especialmente porque se avecina un proceso electoral y el dictamen final de la auditoría podría emitirse entre febrero y marzo.

Según Torres Inguanzo, “podríamos dar el beneficio de la duda de aquí a marzo para ver qué ocurre, pero en este momento es muy claro el dictamen de facto desde el momento en que a un programa prioritario se le suspende presupuestalmente. El problema ahora es pasar del dictamen de facto al dictamen jurídicamente sostenido y con fincamiento de responsabilidades por el mal manejo y desempeño”, comentó.

No obstante, reiteró que estos procedimientos son selectivos y muestra de ello es el Ejército, donde se demostró que hubo malos manejos en diversas actividades, según lo ha revelado ‘El País’, pero “no se ha hecho absolutamente nada y en términos presupuestales ni siquiera los tocaron”.