Denuncian colectivas irregularidades en la investigación de una violación a una menor

Denuncian colectivas irregularidades en la investigación de una violación a una menor
Buscan activistas que el proceso sea reabierto por las autoridades y realizado adecuadamente ■ foto: scarlett llamas

Se admitieron documentos falsos para dejar libre al perpetrador, quien hizo uso de influencias

MP se negó a comparar ADN y huellas dactilares del atacante con lo encontrado en la escena

 

“La niña no come, no duerme, el daño psicológico que le hizo ese tipejo es grave e irreparable; lo único que queremos es justicia y que pueda tener un poco de paz y alivio, porque se le despojó de su alegría”.

Colectivas feministas se unieron a través de redes sociales para realizar un ejercicio de denuncia por violaciones de derechos humanos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) hacia una niña que a su vez sufrió de violación por un adolescente de 16 años.

Según denunciaron las mencionadas, la fase de investigación del debido proceso no se llevó a cabo de manera adecuada e incluso se admitieron documentos falsos a fin de dejar en libertad al perpetrador, haciendo uso de influencias y la negligencia del estado.

El desarrollo de los hechos inicia el 2 de abril, un día previo al cumpleaños de la menor, quien fuera alcoholizada y violada de forma oral, vaginal y anal, mientras estaba inconsciente. El agresor fue detenido en flagrancia por policías municipales de Guadalupe y puesto a disposición de la FGJE.

Desde que la niña llegó a denunciar y a que se hicieran todos los exámenes periciales, médicos y psicológicos, comenzaron las violaciones a sus derechos humanos, pues aseguran que la tuvieron desde las 3 de la mañana hasta las 9 en la misma sala que la familia del violador, “cuyos integrantes la humillaron y agredieron todo el tiempo”.

Fue hasta las 10 de la mañana que le comenzaron a hacer las periciales correspondientes y el proceso terminó alrededor de las 8 de la noche; la infanta no había dormido ni descansado todo ese tiempo, apenas pudo comer algo.

Posteriormente, en el proceso de investigación, el Ministerio Público (MP) se negó a comparar el ADN y huellas dactilares del atacante con lo encontrado en la escena del crimen que, en este sentido, se interpuso un amparo para que la investigación sea reabierta.

Cabe mencionar que además la víctima proporcionó un número telefónico desde el cual el victimario le enviaba mensajes y con el cual se debió hacer la geolocalización correspondiente, sin embargo, las autoridades ingresaron el número telefónico de la madre del agresor, situándolo lejos de la escena del crimen.

Ya detenido el adolescente de 16 años se realizó la solicitud, por parte de sus abogados, para que se le facilitara llevar el proceso en su casa argumentando padecimientos médicos, que según demuestra la defensa, se corroboraron por un documento falsificado que incluso dio pie a una investigación interna en el Instituto Mexicano del Seguro Social por su falta de veracidad.

Con estas pruebas se le otorgó a la defensa 24 horas para hacer aclaraciones y preparar el juicio oral, que se llevará a cabo el próximo jueves. Sin embargo, debido a los hechos y las recurrentes trabas por parte de las instituciones, la familia y colectivas temen que se deje en libertad al perpetrador, quien corre el riesgo de huir del estado.

Esto, señalan, potenciaría al agresor, “el Estado construye un feminicida en potencia debido a la impunidad que se da tolerando, normalizando y solapado la violencia contra las mujeres, desde los delitos no graves hasta feminicidio”, como en el caso que actualmente les preocupa.

Aún así, afirmaron que seguirán buscando seguir pasos legales para lograr un resultado favorable, confiando en la justicia federal para el delito de violación equiparada.

El fin de hacerlo público, entonces, es evitar que haya impunidad en el caso y que la fase de investigación sea reabierta y llevada a cabo de manera adecuada; asimismo, se acudirá a las autoridades federales, pues tanto la víctima, sus familiares y las colectivas aseguran que no hay legitimidad en las acciones estatales ni un interés por salvaguardar y proteger los derechos de la menor, “¿qué confianza podemos tener en la Fiscalía después de esta farsa?”.

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