■ Tello llama a la unidad, para que a la brevedad el estado pueda tener estos ingresos
■ El Ejecutivo afirma que este gravamen no debe ser argumento para el despido de trabajadores
■ Con los denominados acuerdos conclusivos, se planea que no sean tan elevados los pagos retroactivos que deberán hacer las compañías amparadas: Jorge Miranda
■ El “espíritu” del impuesto es el de la remediación ambiental, el destino que se le dará al recurso será precisamente este rubro
Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al Impuesto Ecológico de Zacatecas y en espera, todavía, de conocer las particularidades que se definan para el cobro de los cuatro conceptos que incluye este gravamen, las autoridades estatales buscan un acercamiento con las empresas que se ampararon en contra de estos cobros a fin de que los recursos comiencen a pagarse lo antes posible.
En conferencia de prensa, encabezada por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, se hizo un llamado a la unidad para que el estado pueda tener a la brevedad el dinero proveniente de este impuesto y, por otro lado, como un acto de “buena voluntad”, conseguir que los pagos retroactivos que deberán hacerse por parte de las compañías amparadas no sean tan elevados.
“ESTOY BUSCANDO QUE ESAS GRANDES EMPRESAS, LOS DUEÑOS DEL DINERO, TENGAN ESA RECIPROCIDAD Y SE HAGA JUSTICIA”: ALEJANDRO TELLO
Esto se lograría a través de los denominados acuerdos conclusivos. Al respecto, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, dijo que, una vez que se realice la sesión del lunes en el pleno de la SCJN, entrarán a un “proceso de comunicación amplio, intenso y permanente con los involucrados a efecto, en un acto de solidaridad suprema hacia el pueblo de Zacatecas, poder avanzar hacia los acuerdos conclusivos donde podamos establecer que ese impuesto no afecte la propia dinámica de las empresas y podamos determinar la viabilidad en el corto plazo y empezar con el cobro”.
Esta salida sería benéfica para las dos partes pues, según expuso el funcionario, se ahorrarían un proceso que puede alargarse dos o tres años más, en el que finalmente los empresarios tendrían que pagar todos los ejercicios fiscales desde la creación del impuesto o desde el momento que determine la SCJN.
Esto, precisó, “sería un poco oneroso para las empresas en virtud de que se han estado generando, por supuesto, accesorios como recargos, resarcimiento al fisco estatal por no cubrir en tiempo esas contribuciones y el efecto inflacionario a través de la actualización”.
El funcionario recordó que hay 13 amparos indirectos en contra del Impuesto Ecológico, los cuales fueron promovidos por 21 empresas.
En algunos de ellos, expuso que los proyectos de resolución están a favor de las compañías promoventes, pero otros le dan la razón al Gobierno del Estado.
La ventaja de los adversos, dijo, es que “teniendo facultad por la Suprema Corte para establecer estás contribuciones se pueden corregir de acuerdo con los lineamientos de las sentencias en lo particular”.
Insistió, pues, en la necesidad de trabajar unidos para que el conflicto pueda resolverse “de manera rápida y expedita” con los acuerdos conclusivos y el recurso empiece a ingresar a las arcas del estado.
La intención de estos acuerdos, agregó, es “preservar los empleos que se tienen y dejar salvaguardados los derechos laborales de todos los empleados”.
En este sentido, el gobernador Tello Cristerna aseguró que el impuesto no puede ser un argumento para el despido de trabajadores; “si hay alguna empresa que dice que tiene que cerrar por este impuesto, es falso, es totalmente ajeno a la verdad”.
Sostuvo que con el impuesto no se afecta a ningún trabajador, ni en su salario no en las percepciones o utilidades. Únicamente, precisó, “estoy buscando que esas grandes empresas, los dueños del dinero, tengan esa reciprocidad y se haga justicia”.
El secretario de Finanzas, por otra parte, expuso que la meta de este gravamen se divide en tres ámbitos. El primero es el de tener recursos para atender los derechos a la protección de la salud y al medio ambiente adecuado.
En segundo término está el incentivar cambios en la conducta para favorecer la salud pública y el medio ambiente y, tercero, el desalentar las emisiones de contaminantes.
Debido a que el “espíritu” del impuesto es el de la remediación ambiental, el destino que se le dará al recurso será precisamente este rubro, destacaron el secretario y el gobernador, así como el secretario general de Gobierno, Jehú Eduí salas Dávila, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa dada este viernes.
HAY 13 AMPAROS INDIRECTOS EN CONTRA DEL IMPUESTO ECOLÓGICO, LOS CUALES FUERON PROMOVIDOS POR 21 EMPRESAS: JORGE MIRANDA
El gobernador puso el ejemplo de Mazapil, donde opera la mina Peñasquito propiedad de la empresa canadiense Goldcorp.
El objetivo de la remediación ambiental, puntualizó, debe incluir apoyos a sectores como el agrícola y ganadero, a fin de garantizar el desarrollo de la región más allá del tiempo que la actividad minera tenga presencia en la zona.
“El concepto de remediación ambiental va más allá de lo ecológico y tiene que ver con muchos temas como lo social”, dijo el mandatario.
