Justicia para los Pueblos Originarios. Un asunto a resolver por el gobierno de la 4ª transformación

Araíz del levantamiento Zapatista, en el año de 1994 se inició el proceso de los diálogos de San Andrés Larráinzar, donde los pueblos indígenas y el gobierno federal construyeron los Acuerdos para el reconocimiento de sus derechos.
El 16 febrero de 1996, las autoridades federales signaron con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) los Acuerdos de San Andrés, cuatro documentos en los que el Estado mexicano reconoce por vez primera los derechos colectivos de los pueblos indígenas, fundados antes del surgimiento del Estado nacional.
Es el proceso de construcción de acuerdos más amplio y horizontal que se ha producido en México en las últimas décadas. Ahí están expresados los pensamientos no sólo del EZLN, sino de la mayoría de los pueblos indígenas del país. Sin embargo, la reforma constitucional aprobada en materia indígena en el año 2001 excluyó las partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos, que habían sido acordados en San Andrés.
Después del levantamiento zapatista, junto con grandes mexicanos, tuve el honor de participar, en las pláticas de paz con Ejército Zapatista y la Comisión Concordia y Pacificación, las cuales llevaron a la firma de los acuerdos referidos.
Los Acuerdos de San Andrés no son los primeros en materia indígena sellados con la firma oficial, acota López Bárcenas. Antes, en el siglo XVIII, la corona española firmó tratados de derechos indígenas con apaches mexicanos; en 1822, Agustín de Iturbide, primer emperador de México, suscribió un tratado con los comanches; ya para 1939, Lázaro Cárdenas, entonces presidente de México, signó un acuerdo con los yaquis.
La importancia histórica de los acuerdos de 1996 radica en que éstos emanaron de una discusión nacional y en que abordan los derechos colectivos de las comunidades originarias (la libre determinación, el territorio, la aplicación de sistemas normativos), mismos que jamás antes habían sido reconocidos en México. Hasta ese momento, los pocos avances en el tema se situaban en el plano de los derechos individuales.
Los Acuerdos de San Andrés debieron elevarse a rango constitucional pero no fue así.
La Constitución de los Derechos de los Pueblos Indígenas nunca fue incorporada a la Carta Magna mexicana. Los gobernantes lo impidieron con todos sus medios. Pero el documento existe y es vigente.
El gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, junto con el Poder Legislativo estamos obligados a derogar las reformas constitucionales que han permitido la recolonización de los territorios de los pueblos originarios, concebidos como los espacios geográfico-simbólicos de su reproducción como entidades socio-étnicas colectivas, empezando, obviamente, por la reforma salinista al artículo 27 constitucional, que fue una de las causas de la rebelión de los mayas zapatistas de 1994, que autorizó la privatización de tierras ejidales.
Tenemos que derogar, leyes derivadas de las reformas estructurales, en particular, la devastadora ley minera, que, en su artículo 6, otorga carácter preferente a la exploración y explotación mineras, sobre cualquier otro uso de la tierra, sin mencionar las que han permitido la privatización del agua y la desregularización ambiental, entre otras.
Igualmente, el artículo segundo constitucional, tendría que ser relaborado en su totalidad, dado que la reforma constitucional realizada en abril de 2001 contiene impedimentos jurídicos que van contra el espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés: a todo derecho reconocido o concedido se le coloca una nota precautoria que acota, limita e imposibilita la aplicación plena de las leyes y el ejercicio efectivo de esos derechos, al referirlos injustificadamente a otros artículos de la propia Constitución, o a leyes secundarias que han sido los instrumentos legales del saqueo neoliberal.
El no cumplimiento de estos acuerdos ha configurado escenarios de pobreza y confrontación, al no existir las herramientas jurídicas para garantizar sus derechos. La apuesta de las cúpulas políticas y económicas de reducir la compleja problemática indígena a un asunto solo de programas sociales ha fracasado.
Tenemos que hacer realidad los cambios que México necesita para Juntos Hacer Historia y garantizar la justicia para los pueblos originarios. ■