■ La movilización será el próximo martes en la capital del estado
■ Se coordinarán con otras universidades a las que el gobierno tampoco quiere apoyar
■ La Federación decidió retirar el recurso bajo el argumento de los sismos de septiembre
■ UAZ merece tener un subsidio acorde a sus indicadores de calidad: Delgado Wise
El Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de una comisión constituida para coordinarse con otras universidades del país que enfrentan problemas financieros en el cierre de año, encabezará una marcha para solicitar a Gobierno del Estado su respaldo en la gestión de recursos extraordinarios.
La marcha se realizará el martes en la capital del estado y se convocará a otras universidades estatales a movilizarse simultáneamente, a fin de que la Federación otorgue recursos que les permitan cumplir con sus obligaciones contractuales de fin de año.
Recientemente, el Gobierno Federal anunció que suspendía la asignación de recursos extraordinarios a siete universidades, entre ellas la UAZ, para reorientar su aplicación a los daños que provocaron los sismos en septiembre pasado.
En ese sentido, el Rector Antonio Guzmán Fernández viajará a la Ciudad de México este lunes, donde se reunirá con funcionarios del Gobierno Federal, a la espera de una solución para la problemática de cierre de año, pero también para el pago de la segunda quincena de octubre que no se ha podido depositar porque no ha llegado el adelanto del subsidio correspondiente al mes de diciembre.
Durante la sesión del Consejo Universitario que se realizó este viernes, se constituyó una comisión que tendrá la responsabilidad de diseñar un plan de acción para hacer frente a la situación financiera y coordinar acciones con otras universidades del país que enfrentan problemas similares.
Estará integrada por los miembros de la Presidencia Colegiada del Consejo Universitario, los secretarios generales del Sindicato de Personal Académico (Spauaz) y el Sindicato de Trabajadores (Stuaz), así como por Raúl Delgado Wise como representante de los docentes y Manuel Gaytán y Tomás Zamudio como representantes estudiantiles.
Además del plan de acción para los próximos días, para lo cual recibirá propuestas de los universitarios, la comisión también redactará un desplegado en el que se explique la problemática de la institución.
Durante la sesión, Delgado Wise manifestó que el problema de la UAZ es político, pues ha sido una de las instituciones de educación superior más castigada en el país en lo que respecta al subsidio que se le otorga, lo que implica la necesidad de exigir que aumente al menos al monto que signifique alcanzar la media nacional. Esto se justificaría con los indicadores de calidad con que cuenta la Universidad.
Miguel Moctezuma Longoria reiteró que las autoridades de la Máxima Casa de Estudios de la entidad deben deslindarse, de forma institucional, de los autores materiales de “La Estafa Maestra”.
Otro docente propuso realizar una campaña de información a la sociedad respecto a la crisis financiera, ya que prevalece la idea de que en la UAZ “son unos rateros”. “Yo respondo que no me robo nada, pero hay 32 directores y a lo mejor ellos sí, pero yo no”.
Guzmán Fernández expuso que, luego de un mes de asumir la Rectoría, se le retuvieron a la UAZ 126 millones de pesos por cuenta de impuestos que se dejaron de pagar a Hacienda desde 2015 y que acumularon una deuda total de 360 millones de pesos.
Aunado a ello, recordó que la firma del convenio del reconocimiento de adeudo con el ISSSTE, que establece el pago total antes del año 2022, ha impactado en las finanzas de la institución y en su momento no se previeron las consecuencias que tendría, sobre todo porque no había respaldo financiero para saldarlo.
En ese convenio, suscrito por el entonces Rector Armando Silva Cháirez, se estableció que la Universidad reconocía el adeudo y que iba a pagar año con año una cantidad determinada y se iba a poner al corriente en sus cuotas.
Al respecto, el Rector dijo que el año pasado en el presupuesto venía una cantidad específica para pagar la deuda y en este año se ha tenido que pagar 80 millones de pesos y las cuotas ordinarias, lo que ha impactado en la situación en que se encuentra en este momento la Universidad.
Además, Guzmán Fernández expuso que las últimas tres administraciones habían recibido un apoyo en el cierre de año que alcanzaba los 150 o 200 millones de pesos y con ese monto hubo la posibilidad de cumplir con los compromisos contractuales, pero el año pasado no sucedió.
De igual forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nunca había afectado a la Universidad por algún adeudo hasta el año pasado, por lo que la institución ha debido de pagar puntualmente este año.
“Esos márgenes que tuvieron las anteriores administraciones, esta administración ya no las tuvo y el año pasado nos planteamos una propuesta de reordenamiento administrativo al interior de la Universidad. Tomamos una serie de medidas, desde la reducción en gastos de operación y el tabulador de los funcionarios, la cancelación de la telefonía celular, entre otros”, puntualizó.
En este momento, expuso que la UAZ se encuentra en una situación crítica porque el subsidio que resta para el fin de año no alcanza para cumplir con el pago de prestaciones, entre ellas el aguinaldo, e incluso no se alcanzaría a pagar algunas quincenas e incluso “al día de hoy no tenemos las condiciones para pagar esta quincena”.
Según Guzmán Fernández, comentó que desde febrero pasado se abrieron mesas de negociación con la Secretaría de Educación Pública para trabajar una propuesta de saneamiento financiero de varias universidades, ya que los recursos extraordinarios que eran otorgados mediante varios programas han disminuido y casi desaparecido.
Luego de 13 reuniones en las que se compartió información y acciones que se implementaron en la UAZ para eficientar el ejercicio de los recursos, la intención era que se reconociera la plantilla en horas clase, equivalente a alrededor de 175 millones de pesos, y que de acuerdo con la evolución de la institución, iban a ser reconocidos en el presupuesto irreductible.
El problema reside en que, ante los sismos que se presentaron en septiembre, la Federación anunció que no podía otorgar recursos extraordinarios a siete universidades que tienen problemas similares.
En respuesta, los siete rectores publicaron un desplegado a nivel nacional para solicitar que se atienda la situación delicada en que estas se encuentran, puesto que algunas de ellas ya agotaron todo el subsidio que tenían contemplado para este año.
