Los vacíos legales para actuar contra la corrupción en México son muy grandes. El hecho de que existan evidencias de estos actos y sean del dominio público y además, exista ambigüedad sobre su investigación y sanción de oficio es una muestra de que las cosas no están bien. El escándalo del (auto) testimonio de días pasados donde los diputados de la 60 Legislatura en reunión secreta discuten los términos de la compra-venta de su voto para aprobar el presupuesto, en el que mencionan al secretario general de Gobierno como actor de este penoso caso, hace más grave el asunto.
Pero la autoridad hace declaraciones encontradas, unos dicen que no pueden proceder porque no hay denuncia de por medio; otros que ya iniciaron una averiguación de oficio y los partidos políticos no pasan de declaraciones. Ante esta ambigüedad, los jóvenes integrantes del colectivo #YoSoy132 decidieron interponer una denuncia formal para eliminar el obstáculo que impedía actuar.
El caso representa una oportunidad para que la procuraduría ofrezca muestras de imparcialidad, agilidad, y eficacia en el combate a la corrupción. Los ciudadanos observan con atención y también esperan con esperanza que los órganos de fiscalización emitan un dictamen y se lo hagan llegar al Poder judicial para actuar en consecuencia. Si no pasa nada y se vuelve a imponer la impunidad estarán no sólo evidenciando que carecen de autonomía y reciclan en sus venas la corrupción que combaten, sino que estarán provocando que el sistema refuerce su resistencia a la justicia. Esta es una prueba de fuego ante la ciudadanía, aquí se juegan la credibilidad o la condena.
La situación de las estructuras que hacen posible la corrupción están llenas de observaciones muy graves: hay programas de los órganos fiscalizadores que son financiados por las entidades que vigilan (¿le van a pegar al pesebre?); la elección de auditores dependen del Ejecutivo, de tal manera que el auditor le debe su puesto al que va a vigilar (¿lo hará con objetividad?); las contralorías son parte de los organigramas de las instancias (como en los municipios) dónde hacen su trabajo; entre órganos fiscalizadores hay confusión de tareas; y en la rendición de cuentas no internas al gobierno, sino a la ciudadanía, no hay mecanismos que permitan que los ciudadanos organizados o la academia acceda a hacer funciones de vigilancia de los recursos públicos e impedir que terminen en el bolsillo de funcionarios.
La Legislatura es una instancia que fiscaliza la cuenta pública, pero lo hace muy por encima, fuera de tiempo y sin criterios claros de revisión. Y de la vigilancia sobre los diputados no hay nada, como lo prueba el ninguneo a las propuestas de prohibir las sesiones privadas de hace días en Zacatecas. En suma, el trabajo de diseño institucional para evitar la corrupción es un trabajo por hacer; y es de hacer notar que hay propuestas muy precisas de los cambios normativos que se deben emprender para mejorar la situación, sólo falta que exista voluntad política de los nuevos legisladores para llevarlas a la práctica. ¿Lo harán?
