Partamos de nueva cuenta de ser claros al respecto: el modelo mexicano de transparencia y acceso a la información es difícil de superar en su actual faceta. Sus instancias y mecanismos actúan en favor de las personas y su derecho a saber, además de dotarles de instrumentos que tienden a ser amigables, gratuitos y facilitadores del ejercicio de sus derechos. Sin embargo, ante la reforma constitucional que extinguirá, por lo menos como los conocemos, a los órganos garantes de éste derecho y el de protección de los datos personales, comenzando por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no queda sino aproximar ideas y propuestas que contribuyan a que esta conquista ciudadana en México inicie otra etapa sin que signifique menoscabo para los ciudadanos, ni oportunidad para la opacidad gubernamental.
En este sentido, y una vez reiteradas las aclaraciones del caso, caben dos apuntes respecto al debate en el que nos encontramos, el primero es respecto a quién se hará cargo de la Plataforma Nacional de Transparencia. La PTN, es importante detenerse en ello, es el instrumento más ambicioso, con miras a transparentar el quehacer público, que hemos desarrollado en nuestra historia. En ella se alberga información de un total de ocho mil doscientos sujetos obligados (¡!), de los cuáles solo una porción (pequeña, en relación al total: 277) pertenecen al Poder Ejecutivo Federal. Por lo mismo, para su operatividad, por lo menos tal como ha evolucionado hasta el día de hoy, es imprescindible que sea operada por una institución con facultades transversales, en los tres niveles de gobierno, los poderes, órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos e instancias de carácter municipal. En este sentido me atrevo a sugerir que la PNT sea gestionada, en esta nueva etapa por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Sé que no es su facultad actual, sin embargo, dadas las circunstancias y anuncios realizados, por las tareas que hoy desempeña el propio INEGI, y ante la ausencia futura del INAI, podría ser una alternativa que dé certeza al manejo de la información que ahí se resguarda, además de que gozaría de la independencia técnica a través de la autonomía constitucional que hoy tiene el INEGI.
El segundo apunte concierne a la propuesta que en campaña presentó la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum, respecto a la constitucionalización del derecho humano a un ambiente libre de corrupción. Esto, y ante la desaparición del INAI, abre la posibilidad para que las comisiones de derechos humanos, desde la nacional hasta las locales, gocen de competencia para emitir recomendaciones y pronunciarse respecto al derecho de acceso a la información, creando, a su vez, visitadurías especiales. Con este entramado institucional, al que se sumarían las competencias de los tribunales de justicia administrativa (y la creación también en sus ámbitos de salas especializadas en la materia en comento), así como lo que corresponda a los órganos internos de control (incluidas las Secretarías del ramo en los poderes ejecutivos), permitiría que la desaparición del INAI y sus homólogos locales, no implique un retroceso, ni una afectación a la sociedad, sino una distribución de sus facultades, el aprovechamiento del recurso humano, la experiencia y las buenas prácticas que han hecho que el modelo mexicano sea reconocido internacionalmente.
Se trata pues de conciliar la realidad, con lo necesario, con lo posible y con lo deseable.
@CarlosETorres_
