Durante décadas, la Universidad Autónoma de Zacatecas ha sido un faro del pensamiento crítico, la formación científica y el compromiso social. Sin embargo, junto a sus aportes y glorias académicas, también ha cargado con una pesada mochila financiera: una deuda creciente que no nació en sus aulas, sino en los pasillos de la negligencia política, el oportunismo partidista y la desatención estructural.
El pasivo que la UAZ mantiene con el ISSSTE asciende a entre 3,800 y 4,800 millones de pesos. Más del 60 % de ese monto no es deuda original, sino intereses, recargos y actualizaciones acumuladas por años de omisiones. Las cifras son frías, pero la historia detrás quema: corrupción, simulación, abandono. La UAZ fue incluso señalada en su momento por su presunta participación en la llamada Estafa Maestra, y su exrector terminó aceptando responsabilidad penal en un caso que sacudió a la comunidad universitaria y dejó heridas profundas en la credibilidad institucional.
No fue casual. Durante años, la Universidad fue usada como moneda de cambio, como caja chica, como botín. Mientras los pasivos crecían, los gobiernos fingían normalidad. El entonces gobernador priista Alejandro Tello, en lugar de buscar soluciones, llegó a declarar públicamente que la UAZ “debería cerrar” para resolver su crisis. Así de crudo era el desprecio. Así de real el abandono.
Hoy, por primera vez en años, la historia podría escribirse diferente. La reciente aprobación en comisiones del dictamen de Ley de Ingresos para 2026 contempla una herramienta crucial: el ISSSTE podrá condonar hasta el 100 % de los recargos, intereses moratorios y actualizaciones de las instituciones públicas deudoras. Se trata de una reforma con visión social, que entiende que el colapso financiero de una universidad no solo implica cifras en rojo, sino la cancelación de miles de proyectos de vida.
De aprobarse esta ley en el Congreso de la Unión, la UAZ tendría la oportunidad histórica de renegociar su deuda en condiciones justas, pagando solo el capital original, lo cual podría reducir su obligación financiera a menos de la mitad. Esta vez, no hay pretextos.
El rector actual, Ángel Román Gutiérrez, ha demostrado voluntad y claridad. A diferencia de otros, no ha negado el problema, lo ha enfrentado. Además, cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado, que impulsa un programa peso a peso para mejorar la infraestructura universitaria. Hoy existe una convergencia de voluntades que antes no se había visto: rectoría, legisladores de la 4T, y un Ejecutivo Federal dispuesto a corregir lo que otros descompusieron.
Pero nada de esto será suficiente si la comunidad universitaria no se levanta con seriedad, unidad y visión de largo plazo. Es momento de cerrar filas, de trazar la ruta jurídica y administrativa, de firmar acuerdos y comprometerse con la transparencia. La oportunidad está sobre la mesa. Dejarla pasar sería imperdonable.
No se puede permitir que quienes hundieron a la Universidad en el descrédito y la ruina financiera hoy se disfracen de opinadores o salvadores. Los que se beneficiaron del desorden, los que pactaron silencios, los que prefirieron cerrar la Universidad antes que sanarla, no tienen ya cabida en el futuro que se está construyendo. La 4T ha puesto sobre la mesa una salida concreta: una reforma con visión social, voluntad de justicia y herramientas reales. Esta vez, no hay pretextos. Si la UAZ no aprovecha esta oportunidad, no será por falta de apoyo institucional, sino por falta de coraje interno. Y entonces sí, el costo será imperdonable.
