Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Zacatecas se unieron este lunes al paro nacional en contra de la reforma a este poder, por considerar que dicha iniciativa afecta sus derechos laborales y pone en entredicho la impartición de justicia en el país.
La suspensión de labores por tiempo indefinido comenzó en punto de las nueve horas y se mantendrá hasta que las exigencias de los grupos manifestantes “sean tomadas en cuenta e integradas al Dictamen que votará la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en próximos días”, indica un comunicado de prensa emitido por el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C. y la organización Justicia Independiente.
A pesar de estar en paro, las detenciones no pueden ser interrumpidas y se atenderán casos urgentes como la falta de medicamentos, así como otros asuntos en un listado que se dará a conocer, informó Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
Un candado fue colocado en el acceso al edificio del Poder Judicial de la Federación -ubicado en Ciudad Gobierno-, y varias filas de manifestantes se apostaron de espalda al edificio; algunas mujeres portaban lonas de color rosa con el mensaje “Soy trabajadora del PJF y aquí no somos corruptos ¡ni que fuera político!”.
“El poder en turno, los actores políticos, vienen por nuestros salarios, vienen por nuestros sueldos y lo único que buscan es generar un detrimento en la impartición de justicia en el Poder Judicial de la Federación”, indicó uno de los voceros dirigiéndose a los paristas.
Otro de los oradores afirmó que la corrupción que se le ha atribuido a este poder “se ha presentado sin prueba alguna”, y es parte de una “agresiva campaña” por parte del Estado para terminar con la carrera judicial y “dar paso a los intereses de grupos para que postulen a las personas que quieren que los juzguen”.
El ciudadano promedio no tiene visibilizada la labor del Poder Judicial y desconoce sus funciones confundiéndolas con las de la Policía Judicial o de la Fiscalía, “vive en la idea del presidencialismo” y no entiende los beneficios que ofrece el trabajo de los tribunales, señaló otro manifestante.
Rodolfo García Camacho, juez primero de distrito en el estado, señaló que la aprobación de esta reforma pone en riesgo la división de poderes, los derechos de generaciones venideras y “enviaría una mala señal a los inversionistas nacionales y extranjeros de cuyo capital depende en buena medida nuestro desarrollo económico y el empleo”.
Aseguró que este movimiento no pretende defender privilegios, sino el orden constitucional y externó que una iniciativa que si ataque de fondo los problemas de acceso a la justicia, debería incluir: la profesionalización de policías y fiscales, el robustecimiento de las defensorías públicas, la mejora de la administración de justicia encomendada a tribunales locales, agrarios y contenciosos administrativos, así como la regeneración del sistema carcelario y la certificación de los estudios profesionales del Derecho.
Los trabajadores paristas invitaron a sumarse a este movimiento que abarcaría a los 400 trabajadores del vigésimo tercer circuito del PJF, “a los poderes judiciales locales, las organizaciones civiles, a las barras de abogados, a todas las universidades e instituciones de defensa de derechos humanos, a las madres buscadoras, sindicatos y colectivos”.
