El gobierno de México reprobó ayer la ofensiva antinmigrante en Estados Unidos y anticipó que no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del gobierno texano.
La canciller Alicia Bárcena advirtió que la SB4 considerada por sus críticos como el intento más drástico de un estado de controlar la inmigración es una ley xenófoba que atenta contra los derechos de los migrantes
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Apoyada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, la ley fue promulgada en diciembre y estaba bloqueada por las autoridades judiciales estadunidenses, luego entró en vigor ayer, pero horas después volvió a quedar congelada.
Bárcena, encargada de coordinar la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender la migración, sostuvo por la tarde en su cuenta de la red X: “Al frente de @SRE_mx he sido clara: la protección y apoyo a nuestros connacionales es la prioridad. Rechazo esta medida que criminaliza y discrimina a personas en movilidad”.
Legislación xenófoba y discriminatoria
Al participar en la 41 Asamblea Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial CCE insistió en que la Ley SB4 es xenófoba y discriminatoria, y advirtió que, de deportar mexicanos al país, como ha amagado el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, la economía del país vecino del norte está en riesgo de perder una parte importante.
La canciller comentó que México está trabajando para cambiar la narrativa negativa que existen en Estados Unidos sobre los migrantes mexicanos, en la que son calificados de delincuentes. Eso no es justo no puede ser
, dijo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores SRE expresó su rechazo tajante a cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano
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La SRE señaló que reconoce la importancia de la cooperación bilateral con Estados Unidos para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos y no se vea afectada por decisiones legislativas del orden estatal o local
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