La tendencia decreciente de la actividad económica, junto con la creciente dependencia y vulnerabilidad respecto a la entrada de capitales y la cada vez mayor desigualdad del ingreso y de la riqueza y el clima de violencia y delincuencia que se vive en el país, evidencian que no se puede continuar con la política neoliberal que viene predominando desde 1982 hasta el presente gobierno. A pesar de que presidente de la República dice reiteradamente que el neoliberalismo quedó en el pasado, miente en el discurso, debido a que continúan las mismas políticas neoliberales de sus antecesores. En los hechos es un gobierno neoliberal, aunque su discurso mantenga por estrategia o por demagogia la narrativa que es un gobierno popular que vela por los intereses del pueblo. La política económica que instrumenta favorece al sector bancario-financiero y a las empresas transnacionales.
Las políticas predominantes privilegian objetivos de disciplina fiscal, alta tasa de interés, peso fuerte, libre movimiento de mercancías y capitales, argumentando que ello crea las bases para el crecimiento, el cual no se da, sino por el contrario, tales políticas actúan en detrimento del crecimiento económico, del sector manufacturero, de la producción de granos básicos, del empleo formal bien remunerado y han aumentado la incapacidad de hacer frente al pago de la deuda.
La política económica neoliberal ha sido incapaz de hacer frente a los problemas derivados de la pandemia, como para revertir el contexto recesivo, inflacionario, de emigración y de miseria que padece la economía nacional. No es a través de las políticas sociales y de libre mercado como se resuelven dichos problemas, sino a través de políticas de pleno empleo, industrial, crediticia y agrícola, con las cuales no se cuenta.
No se puede continuar con las políticas de libre mercado que asignan los recursos en función de la ganancia, lo que ha favorecido al sector financiero, en detrimento del sector productivo, del empleo bien remunerado y del medio ambiente. La austeridad fiscal y los recortes presupuestales que le acompañan, han reducido la participación del Estado en la economía y disminuyen las funciones que diversas dependencias realizan para la mejor conducción del ámbito judicial, social y económico del país, y la prestación de servicios públicos de educación y salud de mejor calidad. La reducción del Estado ha traído como contra partida la mayor privatización de la economía, lo que no solo atenta sobre el crecimiento económico, sino que ha acentuado la desigualdad de la riqueza, a favor del gran capital que ha pasado a invertir donde el gobierno deja de hacerlo, no solo en infraestructura y sectores estratégicos, sino también en educación, en salud y en seguridad.
De no cambiar la política económica, los problemas económicos, políticos y sociales seguirán creciendo. No hay posiciones de izquierda, ni movilizaciones que demanden que se acabe con el neoliberalismo. Todos los partidos se han ido al centro y a la derecha, lo que ha llevado a que predomine el modelo neoliberal, tal como lo hicieron los gobiernos anteriores y de regresar éstos de nuevo, se acentuarán los recortes presupuestales, así como la privatización y extranjerización de la economía y se revertirán las reformas laborales y sociales al estilo de lo que Javier Milei está instrumentando en Argentina.
El desempleo, subempleo, los bajos salarios y la miseria han derivado en crecientes problemas de delincuencia, enfermedades, migración hacia EUA, lo cual es insostenible y no ha sido contrarrestado por las políticas sociales del gobierno. Es una problemática que desestabilizará el contexto económico, político y social ante la falta de respuesta para resolverlos. Ello demanda revertir el modelo neoliberal imperante para que el gobierno retome el manejo soberano de la política económica para expandir el gasto público, regular el movimiento de mercancías y capitales, bajar la tasa de interés, incrementar la inversión y el empleo bien remunerado. Se requiere de voluntad política para subordinar lo financiero (el cual gana lo que quiere) y a las empresas transnacionales a favor de los propósitos nacionales de crecimiento, empleo, soberanía y equidad, lo que debería estar en el debate nacional y la sociedad debe demandar que se gobierne para ello.
