■ Los entes operadores no son autoridades fiscales y sus fondos no se encuentran considerados dentro de las leyes de ingresos: Javier Calzada
El diputado local, Javier Calzada Vázquez, envió a la Comisión Permanente de la 63 Legislatura, una propuesta para reformar la Constitución Política del estado para que el Poder Legislativo tenga la facultad de autorizar las tarifas de cobro de los organismos operadores de los sistemas de agua potable de la entidad.
Los organismos operadores, argumentó el legislador, no son autoridades fiscales y los recursos con los que operan los sistemas de agua potable y saneamiento de los municipios no se encuentran considerados dentro de las leyes de ingresos y, como consecuencia, no forman parte del presupuesto de egresos, a pesar de que la obligación que tienen los ayuntamientos de prestar este servicio indispensable para la vida y para la salud, se encuentra establecida en los artículos 115 de la Constitución General de la República y 119 de la Constitución local.
“Cada organismo operador en los municipios, y el intermunicipal, opera con sus propios recursos, es decir, los que percibe por los cobros que se realizan a los usuarios, ya sea por el consumo del agua potable, uso de drenaje y saneamiento del agua. Los artículos 11, 22, 26, 31, 52, 85 y 87 de la Ley faculta a los organismos operadores para fijar las tarifas de manera independiente, sin que para ello se requiera el concurso de los ayuntamientos o de ninguna otra autoridad”, expone Calzada.
En Zacatecas, por lo que respecta al servicio en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, incluyendo los municipios de Morelos y Vetagrande, el servicio lo otorga la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jiapaz), que no se ajusta a más normas que las que dictan las leyes de la oferta y la demanda, modificando sus tarifas conforme a sus propias necesidades y en la mayor “opacidad posible”, argumentando “ajustes” por la inflación y muchas otras formas que no obedecen a regla alguna, y no cuentan con la sanción de esta Legislatura, señala Calzada Vázquez.
La legislación actual, argumenta el diputado, ha permitido que en la realidad los usuarios de los sistemas de agua potable no puedan contar con la garantía irreductible de que el derecho humano al agua les sea otorgado sin restricciones de índole comercial; o con la certeza de que las cuotas y las tarifas corresponden completamente a la realidad del consumo y no sirven exclusivamente para el pago de nóminas abultadas y la colocación laboral de personas cercanas a quienes detentan el poder.
“Ahora bien, no existe evidencia de que los organismos operadores cuenten con algún subsidio, ya sea federal, estatal o municipal; al menos no de forma regular. De acuerdo con la página de transparencia de Gobierno del Estado de Zacatecas, la Jiapaz recibe una donación anual de poco más de 21 millones de pesos por concepto de apoyo para la nómina; sin embargo, esto no se encuentra considerado dentro del presupuesto estatal, y en cualquier caso obedece exclusivamente a gestiones del director en turno, o a la buena voluntad de algún mandatario”.
En el mismo tenor, dijo, no hay evidencia de que los ayuntamientos destinen alguna partida presupuestal específica para los organismos operadores. Esta condición, sin duda alguna sirve para justificar que las tarifas se ajusten, no a la realidad del consumo, a las posibilidades de la población, a la disposición del vital líquido o a la calidad del servicio, sino a las necesidades internas de cada organismo operador, lo que no se ajusta con la visión universal del agua como un bien social.
De ahí la importancia, dijo, de que sea la Legislatura, como organismo que detenta la máxima representación social de la entidad, y tiene facultades explícitas al respecto, quien autorice las tarifas que los organismos operadores de los sistemas de agua potable deban cobrar por el consumo de agua, uso de sistemas de drenaje y beneficios del tratamiento de aguas residuales, que es lo que propone la iniciativa de decreto que puso a consideración de la asamblea legislativa, misma que ya fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen.
