Parece que nos enfrentamos con el dicho popular que reza: “el que parte y comparte se queda con la mayor parte”, pero que en distribución de recursos públicos resulta ser una tragedia. Los individuos de los órganos que distribuyen el dinero al interior del Estado se comportan de acuerdo al llamado egoísmo-inercial y no hay ningún mecanismo institucional que vea por el bienestar público y se los impida. Y las razones para justificar esos desembolsos son poco menos que delirantes, como el caso de los diputados federales a los cuales se les dio 20 millones (a cada uno de los 500), con el argumento peregrino de que debían cumplir con compromisos de campaña. Esa bolsa sumó la exorbitante cantidad de 10 mil millones de pesos. En realidad fue una retribución por haber aprobado el presupuesto del presidente sin cuestionar nada (Don Porfirio le decía “maiceo”). ¿Cuántas cosas pueden hacerse con 10 mil millones de pesos? Podemos enumerar 10 mil ejemplos. Es un caso de Corrupción-legal, porque los encargados de establecer la legalidad (los diputados) hacen uso privado de recursos públicos.
En esa lista están también los bonos discrecionales y la sobrecarga de prestaciones. Los bonos siempre van acompañados de formas que exigen obediencia, es decir, son dispositivos de control a cuenta de nuestros impuestos. Porque los “bonos de productividad” a los funcionarios se ejercen sin criterios claros y, por tanto, están sujetos al libre arbitrio de los patrones. El caso de la sobrecarga de las prestaciones, se trata de dispositivos tramposos para que los burócratas se hagan de prestaciones que tienen su origen en los derechos sindicales, pero calculados con los salarios de funcionarios. Como podemos observar, todo es corrupción-legal, trampas y ventajas ilegítimas por la posición donde se encuentran. En palabras más llanas: hacen del servicio público un botín. Piratas de cuello blanco que sonríen durante las campañas.
¿Hay solución a este abusivo saqueo? Como es una medida ilegítima pero legal, pues una manera es haciendo imposible que legalicen o realicen este tipo de prácticas. Y las únicas maneras que conocemos es dando participación a los afectados en la decisión de la distribución de los presupuestos (los afectados son los ciudadanos); otra medida es reglamentando la imposibilidad para que nadie pueda asignarse (ni en forma individual ni colectiva) sus propios ingresos. La auto-referencia administrativa es una manera más de conflicto de intereses. Que los regidores de los municipios no puedan decidir sobre los ingresos de los regidores, con los diputados igual, y en caso de los funcionarios debe haber una norma que les impida la arbitrariedad en la asignación de bonos. Traducido en formas institucionales se trata de los presupuestos participativos y la normatividad contra la auto-referencia administrativa. El objetivo es detener la práctica depredadora de los piratas de cuello blanco.
