Diputados y diputadas de la 64 Legislatura del estado, aprobaron de urgente resolución, un exhorto al Ejecutivo Federal y estatal para que para que establezcan una mesa de diálogo y busquen solución al conflicto entre las comunidades de Bernalejo y Pajaritos, en la zona limítrofe entre Zacatecas y Durango.
La aprobación se dio luego de que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pusiera a consideración el punto de acuerdo, expusiera el problema de invasión de la comunidad tepehuana que amenaza a legítimos propietarios y ejidatarios de las áreas reclamadas de sacarlos con el uso de la fuerza si no entregan voluntariamente la posesión de sus tierras.
En la exposición de motivos, los priístas, en voz del diputado José Juan Estrada Hernández, recordaron que Bernalejo de la Sierra y Pajaritos han sido sitio de disputa desde hace varios siglos, ya que la historia registra que en 1680 un decreto virreinal daba paso a un convenio de pacificación con los indígenas tepehuanos de Durango, sin embargo, al paso de los años con las delimitaciones territoriales el territorio pasó a ser parte de Zacatecas.
La riqueza maderera de la sierra de esta región, la producción y cosecha de orégano, a decir del diputado, serían las principales causas del prolongado conflicto agrario que persiste entre indígenas tepehuanos de los poblados duranguenses de Santa María Ocotán y Xoconostle, contra habitantes de las comunidades zacatecanas de Pajaritos y Bernalejo de la Sierra, en Valparaíso, y aunque es zona de veda forestal desde hace dos años, aseguraron que por la cabecera municipal de Valparaíso diariamente cruzan por lo menos 30 tráileres con su carga de madera, producto de la acelerada deforestación clandestina que promueven las compañías madereras.
“La realidad es que, desde 1936, las controversias jurídicas y políticas no han terminado. El caso de Bernalejo ha sido un asunto con constantes altibajos, de pleitos por la tierra entre comuneros y ejidatarios. Son 68 años de desgaste y tensiones que han llevado al borde de desatar la violencia por un predio que ya no es rentable ni para la agricultura, ni para el aprovechamiento forestal”, dijo Estrada Hernández.
La disputa del predio Bernalejo de la Sierra no sólo propició conatos de violencia y tensión entre ejidatarios zacatecanos y comuneros indígenas, sino que además generó una confrontación jurídico-política desde 1956, cuando comenzó a tensarse el conflicto en el que estaban involucrados presuntos errores de las autoridades de la Reforma Agraria, decretos presidenciales, documentos virreinales, y otros “ingredientes políticos” auspiciados por los gobiernos estatales en turno de Durango y Zacatecas.
Pero tras reconocer que presuntamente hubo un error en la ubicación de Bernalejo, el 25 de junio de 1997, recordó el legislador, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, emitió un decreto con efectos de expropiación en favor de los comuneros tepehuanos y con una indemnización de 10 millones de pesos para los ejidatarios de Valparaíso, no obstante, el decreto nunca se concretó pese a que los gobernadores de Durango y Zacatecas de ese entonces, Maximiliano Silerio Esparza y Arturo Romo Gutiérrez, respectivamente, estaban enterados del proceso de expropiación.
Cinco años después, el 17 de febrero del 2002, tepehuanos de Santa María de Ocotán realizaron un plantón en las orillas del predio en disputa; ellos lo llamaron una ‘toma’ simbólica de las añoradas 5 mil 465 hectáreas. Con esta manifestación se reactivó el conflicto e inició una nueva etapa de controversias jurídicas que incluso desataron enfrentamientos políticos entre Ricardo Monreal Ávila y Ángel Sergio Guerrero Mier, gobernadores en turno
Para el 19 de febrero del 2003, el Tribunal Agrario Unitario de Zacatecas emitió un fallo sobre el conflicto Bernalejo, en el que se resolvía la nulidad del decreto de expropiación emitido por Zedillo Ponce de León, pero los comuneros tepehuanos se resistieron a reconocer el veredicto judicial y advirtieron que bajo ninguna circunstancia renunciarían a las 5 mil 465 hectáreas, por lo que, nueve días después, el 28 de febrero, los comuneros emprendieron una avanzada en su plantón y propiciaron un éxodo forzado para los 42 ejidatarios y sus familias, dejando sus viviendas que habían ocupado desde hacía 47 años.
Para el 12 de marzo de 2003, por la dimensión que tomó el problema, y por los límites cercanos a la confrontación, la Policía Federal Preventiva comisionó a 638 elementos para custodiar la zona y evitar enfrentamientos entre los ejidatarios y los comuneros; adicionalmente, las policías ministeriales de Durango y Zacatecas fueron asignadas al foco de conflicto.
Luego de haberse destrabado el conflicto por varios años, por la oferta de subir la oferta de indemnización a 54 millones de pesos para cubrir el pago por el predio disputado, el pasado 9 de septiembre, durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el municipio de Mezquital Durango y otros, realizada con la intención de revisar el Plan de Justicia para el Pueblo Tepehuano, se le solicitó ayuda para recuperar la superficie que alegan les pertenece, y ante la respuesta del mandatario nacional que se revisará, el presidente del Comisariado Ejidal, Juan Carlos Aguilar Caldera, ha hecho un recorrido por las comunidades interesadas para comentarles en reuniones públicas que el presidente de la república ofreció todo el apoyo para recuperar esas tierras, pero ellos deben empezar ya a movilizarse para tomar posesión de las mismas y forzar la decisión política y jurídica en su favor.
En ese sentido, el diputado local denunció que se ha estado convocando a reuniones en el propio territorio de Valparaíso para acordar las formas y tiempos de invasión, amenazando a los legítimos propietarios y ejidatarios de las áreas reclamadas de que serán sacados con el uso de la fuerza si no entregan voluntariamente la posesión de sus tierras, incluso, dijo, están seleccionando casas para ocuparlas en el momento de la supuesta próxima invasión, en actitud retadora y agresiva en contra de los vecinos de la comunidad.
De igual forma, denunció que cada ciclo de cosecha del orégano que se produce en forma natural en la región en conflicto, los Tepehuanos de Durango arbitrariamente invaden parte del territorio para cosechar la planta sin autorización de sus propietarios, cometiendo delitos múltiples, porque no sólo se apropian de la cosecha sino que destruyen y roban cercos, ocasionan daño en la propiedad de vecinos, se llevan vacas y afectan las áreas de pastoreo, puntualizando que esta temporada de 2022 la invasión para cortar el orégano está siendo mucho mayor, con presencia de centenares de hombres y mujeres que recolectan hasta no dejar nada.
Señaló que a la fecha se encuentran invadidas de manera arbitraria aproximadamente 6 mil hectáreas pertenecientes a particulares y a ejidos ubicados en la colindancia entre los estados de Zacatecas y Durango, dentro del territorio del municipio de Valparaíso, siendo que tienen los invasores montados campamentos en los predios denominados Mesa del Nayar, Las Mencias, Los Colorados, el Cañón de Burras, así como en los ejidos El Jaralillo y Cueva de Juan Miguel, donde sus legítimos propietarios han sido agredidos y no se les permite el acceso a sus tierras, al cuidado de sus hatos de ganado y a recolectar la cosecha de orégano, que está siendo sustraído de forma ilegal por los invasores.
Por este motivo, diputados y diputadas aprobaron exhortar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a que intervenga para lograr que elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva se hagan presentes en la zona del conflicto para restablecer el orden y garantizar el respeto a la integridad física y la vida de los involucrados, en lo que se imparte justicia, y se llega a un acuerdo pacífico como solución al conflicto; pero también para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano busque la mejor forma de solucionar el problema que aqueja a la demarcación mencionada.
Finalmente, también exhortaron al Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas para que solicite la instalación inmediata de una mesa de diálogo y acuerdos, con la intervención de autoridades competentes de los estados de Durango, Zacatecas y el Gobierno Federal y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para que se integren las carpetas de investigación correspondientes, buscando la sanción a hechos posibles constitutivos de delito.
