Después de haberse pronunciado en contra la Reforma Electoral y afirmar que ésta no garantiza independencia e imparcialidad en los procesos de elección de autoridades, Sara Abigail Hernández Urenda, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en el estado, dijo estar en contra de la disminución de diputados y de la suspensión de privilegios al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de la elección de consejeros electorales por voto popular.
Que la reforma tiende a debilitar la institución mediante la reducción de presupuesto y se corre el riesgo de que se pierda la representatividad y en el caso de las figuras plurinominales, “el caso de que existan tiene un porqué, si erradican estas figuras corremos el riesgo de que sea un solo bloque el que tenga la mayoría en la Cámara de Diputados y senadores con las consecuencias lógicas que esto puede tener”, sostuvo Hernández Urenda.
En entrevista para La Jornada Zacatecas, explicó que al eliminar a diputados y senadores plurinominales, se corre el riesgo de que se pierda la representatividad, porque si “esta reforma se plantea con un fundamento, un análisis profundo y soluciones pues que sean de verdad en beneficio de la democracia”.
Agregó que sí es importante actualizar a las instituciones, sin embargo, una institución de este tipo que “ha garantizado que lleguemos hasta este momento con democracia en el momento de las elecciones, se corre el riesgo de vulnerar la democracia en el país”.
“Nosotros como Canacintra a nivel nacional hemos hecho un pronunciamiento en contra de la reforma y también en lo local, en conjunto con los organismos empresariales se hizo un pronunciamiento donde vienen especificados los puntos que consideramos que se vulneraría la democracia”.
En dichos puntos, aseguran que su eventual aprobación posibilita que México retroceda décadas en su vida democrática y regrese a una de sus peores épocas, la antidemocrática, “en la que un solo partido accedía al poder y una minoría decidía quién era el sucesor en cada cargo. Nuestro acceso a una democracia plena y transparente será inexistente”.
Aunque la propuesta no plantea la desaparición del INE, sino únicamente reformarlo y modificar el nombre, los organismos empresariales manifestaron que la propuesta de reforma no brinda garantías de independencia e imparcialidad en el árbitro electoral que sustituirá a dicho instituto.
