Otra vez los derechos humanos. Y otra vez la omisión. Funcionarios públicos agreden a periodistas por ejercer la crítica y son perseguidos, hostigados y, en casos extremos, desaparecidos. De igual o peor manera los defensores de derechos humanos. La pregunta que salta de inicio es, ¿qué cosa hacían o veían o reportaban que se convertían en objeto de agresión? El estado de persecución por sí mismo es un indicador del nivel de corrupción al interior del Estado. Y por partida doble: todo aquello que era el objeto de denuncia de los defensores de derechos humanos y de periodistas, y la agresión impune de que son víctimas. La paradoja mayúscula es que las comisiones de derechos humanos ya tienen la competencia investigadora y podrían investigar justamente las agresiones contra los defensores de derechos humanos, y… no lo hacen. ¿Cómo explicar esta anomalía? ¿Incompetencia acaso? No se descarta, pero no es la explicación esencial. La complicidad (por omisión) de las comisiones de derechos humanos contra sus pares, es porque están controladas e integradas por las estructuras causantes del problema. En primer lugar la manera de nombrar a los presidentes de dichas Comisiones es a propuesta del Ejecutivo.
Más despacio: los derechos humanos es algo que debe garantizar el Estado y por ello es el responsable de las violaciones. Y si el Ejecutivo nombra a quien debe vigilarlo, contenerlo y equilibrarlo, es claro que no será ni vigilado, ni contenido ni equilibrado. Y si no será posible dicho contrapeso, pues el ejercicio del poder de los funcionarios se convierte en ilimitado o arbitrario. Y todo poder sin límites es necesariamente avieso. Luego entonces, las desviaciones del Estado no son expresión de ciertas personas malas que habitan los gobiernos, sino que son efecto de dinámicas estructurales del mismo: mecanismos aviesos que causan males terribles.
Así las cosas, basta que en la clase política exista la voluntad de modificar dichos mecanismos para que el problema adquiera otro color. Y las coyunturas electorales son momentos precisos para generar los compromisos para cambiar estas formas. Por ello, las preguntas obligadas a los candidatos a la gubernatura son: ¿qué se pretende hacer para que la comisión de derechos humanos del estado de Zacatecas adquiera autonomía real? Y luego de esto, ¿cómo hacer para que estos organismos investiguen y se conviertan realmente en vehículos que inhiban o remedien este tipo de problemas gravísimos de derechos humanos? ¿Acaso tendrán los candidatos planteamientos al respecto?
Defender las libertades de expresión, por un lado, y darles garantías a los que defienden es vital para cualquier gobierno democrático. Es inaceptable que periodistas y defensores de derechos humanos estén en la crisis que se reporta. Mientras no se puedan dar seguridades a esas actividades viviremos en la barbarie. No por nada un autor decidió titular su obra como “México Bárbaro”, parece que ese título sigue siendo vigente.
