■ Detallan secretarios que la deuda pública de la entidad asciende a los 10 mil millones de pesos
■ En cinco años se han iniciado procedimientos sancionadores contra mil 145 servidores públicos
El incremento exponencial en la deuda pública y acusaciones de corrupción en Gobierno de Zacatecas fueron los reclamos y cuestionamientos hechos ayer por los diputados a los titulares de Finanzas, Administración y Función Pública durante la glosa del quinto Informe de la administración de Miguel Alonso.
Durante siete horas los secretarios de Finanzas, Fernando Soto; Administración, Le Roy Barragán y de la Función Pública, Guillermo Huizar, detallaron que la deuda pública de la entidad asciende a los 10 mil millones de pesos; en cinco años se han iniciado procedimientos sancionadores contra mil 145 servidores públicos por presuntos actos de corrupción y la nómina de gobierno ha incrementado poco más de mil trabajadores.
Entre los funcionarios a los que les ha iniciado un procedimiento por presuntas irregularidades en las cuentas públicas, están el secretario de Finanzas, con 22; Alma Fabiola Rivera, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, tiene nueve; el secretario de Salud, Raúl Estrada, 12 y el ex secretario de Infraestructura uno, según detalló Guillermo Huízar.
En el tema de la corrupción las bancadas del PRD, PT, Morena y PAN aludieron en diversas ocasiones los presuntos beneficios que Juan Alonso, hermano del gobernador, ha tenido de la obra pública.
De modo que el legislador Alfredo Femat propuso crear una comisión legislativa especial para investigar las licitaciones de obra pública durante este sexenio y corroborar o desechar los “secretos a voces” que circulan entre la población. La propuesta fue secundada por otros diputados y los secretarios consideraron que “es válido”.
Durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la coordinadora de Morena, Soledad Luevano, acusó y pidió al secretario de Administración, Le Roy Barragan, explicara por qué su hermano ha recibido contratos de obra pública al igual que su hijo. A Huizar le recordó el caso de presunto conflicto de interés de la ex secretaria de Economía, Patricia Salinas, el cual nunca fue sancionado.
En la comparecencia, la diputada le entregó a Huizar 30 contratos para mantenimiento de carreteras en municipios cuyo costo fue de 2 millones 450 mil pesos cada uno, dando un total de 74 millones de pesos, en tanto que la empresa contratada no tiene maquinara para hacer ese trabajo. Aseguró que los trabajos los hicieron empleados de Sinfra.
La coordinadora del PAN, Guadalupe Medina, puso en duda el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la SFP porque no hay sanciones ejemplares por casos de corrupción. La bancada del PT, en voz de José Luis Figueroa, acusó al gobierno de contratar obras con costos inflados y tener un ejercicio discrecional, mientras que la Función Pública no realiza ninguna acción, “se hace de la vista gorda”.
Eugenia Flores, diputada del PRD, le recordó a Guillermo Huizar las denuncias presentadas en su contra ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) por cooptar a empleados de Gobierno para hacer trabajo a favor del PRI, a lo que éste respondió que nunca se le pudo comprobar nada.
Además, en respuesta a las acusaciones de omisión en su trabajo y que no ha sancionado escandalosos casos de corrupción, el secretario justificó que durante este año la SFP inició 57 procedimientos de auditoría y fiscalización, de las cuales 38 corresponden a dependencias y entidades de la administración pública estatal y el resto a municipios que hayan celebrado convenios con Gobierno de Zacatecas.
Es decir, se revisaron 2 mil 882.7 millones de pesos y de ello ha derivado el iniciar mil 145 procedimientos administrativos de responsabilidades contra igual número de servidores públicos. De ellos, 147 fueron absueltos y 170 sancionados, de los cuales hubo 20 suspensiones, siete inhabilitaciones y 17 sanciones económicas.
Mientras que en los cinco años del gobierno actual se iniciaron procedimientos contra 170 funcionarios, de los cuales aún 14 están en litigio y 14 fueron anuladas por un juez. De las que ya están firmes hay 35 suspensiones, 26 inhabilitaciones, 100 multas y nueve apercibimientos. Huízar ofreció investigar posibles conflictos de interés de familiares del gobernador denunciados por el perredista Iván de Santiago.
En su oportunidad, Le Roy acusó a la diputada Soledad Luevano de que el 7 diciembre de 2012 adquirió ocho chalecos balísticos sin licitación, a una empresa que no tiene domicilio real, sin existir las pruebas balísticas y la empresa carecía de los permisos. Por lo tanto, en respuesta a las acusaciones que hiciera la legisladora en su contra, le respondió que “para tener la boca larga hay que tener la cola corta, y usted no la tiene”.
Zacatecas, con deuda de 10 mil mdp y un déficit de 2 mil 499 mdp
El total de los grupos parlamentarios de oposición centraron sus preguntas en el tema de la deuda pública y la posibilidad de que haya un nuevo empréstito para Zacatecas para el cierre de este sexenio.
En los posicionamientos se dieron a conocer diversas cifras, las cuales incluso fueron motivo de crítica del PRI por no coincidir entre ellos (la oposición). Fue así que gran parte de la comparecencia de Fernando Soto se dedicó a ese tema.
Detalló que al 31 de agosto Zacatecas tiene una deuda de 10 mil millones de pesos en créditos de largo y corto plazo, así como con los compromisos pendientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), Infonavit, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y además se agrega una partida de 2 mil 249 millones de pesos que es provisión de obras públicas en proceso.
De esa cantidad, explicó, la deuda obtenida por empréstitos es de 5 mil 925 millones de pesos a largo plazo y mil 66 millones a corto plazo; es decir, 6 mil 991 millones de pesos. De ésta, el estado paga 971 millones de pesos anuales y se prevé el pago de intereses de 2 mil 499 millones de pesos si la economía se mantiene estable.
Soto señaló que en 2010, antes de la llegada de Miguel Alonso, los adeudos eran de mil 258 millones de pesos a corto plazo y a largo plazo 254 millones de pesos por proveedores que se acercaron a reclamar su pago, además de los 11 mil millones de pesos que adeudaban para pagar Ciudad Administrativa. La suma total era de 14 mil millones de pesos.
Guadalupe Medina, del PAN, y Femat del PT preguntaron sobre la posibilidad de que Gobierno estatal solicite a la Legislatura el aval para pedir un nuevo empréstito.
Al respecto, el secretario de Finanzas sólo respondió que para el cierre de 2015 la entidad tiene un déficit de 2 mil 400 millones de pesos, lo cual no significa que haya solicitud de crédito sino que se quieren buscar nuevas fuentes de financiamiento.
Explicó que se ha buscado apoyo de la Federación pero se ha complicado la gestión; invitó, por lo tanto, a los diputados a sumarse en la búsqueda de dinero extraordinario. Insistió en que los 2 mil 400 millones de pesos faltantes no son deuda sino déficit y todo dependerá de la respuesta que dé la Federación.
Al inicio de la comparecencia se manifestaron trabajadores de la presidencia municipal de Ojocaliente para exigir que les paguen las siete quincenas que le adeudan.
Cabe señalar que Guillermo Huízar anunció que iniciará una investigación contra Jesús Pinto, secretario de Seguridad, por haber admitido que le presta a su hijo el uniforme de la Policía Estatal, y si hay elementos lo va a sancionar.
