El Poder Judicial del Estado de Zacatecas y el Poder Judicial de la Federación operan en la entidad con base en un amplio entramado de nepotismo y complicidades; en reuniones familiares acuerdan amparos y el sentido de sus sentencias en casos en donde se protegen los intereses “de los más altos mandos en la entidad”.
Con base en testimonios y documentos recabados, hay funcionarios que tienen una relación de parentela Juan Antonio Ortega Aparicio, magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).
Por ejemplo, Juan Gabriel Sánchez Iriarte, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, es su compadre; María Georgina Moreno Rivera, secretaria en funciones de magistrada del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Zacatecas, es su comadre; y Catalina Blackaller Dávila, secretaria en funciones de magistrada del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Zacatecas, es su esposa.
En Zacatecas solamente existen dos Tribunales Colegiados de Circuito y, de acuerdo con el testimonio de fuentes internas, quienes solicitaron anonimato, “las sentencias y los amparos se negocian en cenas familiares y bautizos, dejando al pueblo zacatecano en la más absoluta indefensión”.
El problema reside en que el magistrado Juan Antonio Ortega Aparicio tiene a familiares en funciones cuya responsabilidad es revisar su trabajo, lo cual es importante porque es en los únicos dos tribunales colegiados de circuito donde se promueven amparos contra sus decisiones y éstas son revisadas por su esposa Katalina Blakaller Dávila, secretaria en funciones de magistrada, quien controla resoluciones clave desde el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.
Además, “cuando se encuentra en funciones de secretaria de tribunal se adscribe a la ponencia del magistrado Juan Gabriel Sánchez Iriarte, a quien debe darle cuenta de los asuntos y resulta ser su íntimo compadre”.
Juan Gabriel Sánchez Iriarte es compadre de Ortega Aparicio, según consta en el acta de bautismo al que La Jornada Zacatecas tuvo acceso, y su labor se ha caracterizado por que “nunca, en alguno de los asuntos del magistrado, ha querido impedirse para seguir conociendo de éstos, aun cuando se considera es una obligación no solo legal, sino hasta moral, pues claramente existe conflicto de intereses y quizá, una buena remuneración por resolver respetando el sentido asumido por su compadre”.
Asimismo, la magistrada María Georgina Moreno Rivera ha cerrado el blindaje perfecto dentro del Poder Judicial Federal, pues ha sido designada en diversos lapsos (más de dos años) como secretaria en funciones de magistrada en el Primer Tribunal Colegido del Vigésimo Tercer Circuito, donde, “en los asuntos de su compadre, nunca se ha impedido para conocer. Y cómo eso sería, si el negocio de la justica en la entidad federativa es negocio para estos cuatro”. Además, cuando esta funcionaria no se encuentra en funciones de magistrada, su función es la de secretaria proyectista del propio magistrado Juan Gabriel Sánchez Iriarte.
Por tanto, actores del Poder Judicial declararon que “el secuestro del poder judicial en Zacatecas se ha convertido en amparos de alcoba y justicia entre compadres, decisiones estatales que son sospechosamente corregidas o avaladas por la propia esposa en el ámbito federal en casos millonarios e importantes en la justicia penal que se resuelven entre quienes, ante los ojos de Dios, son los protectores de los más altos mandos en la entidad y miembros todos de esta red de corrupción”.
En consecuencia, “esa situación se ha convertido en un filtro impenetrable, ya que cualquier amparo contra el magistrado local es resuelto en el sentido de avalar sus decisiones por absurdas que estas sean, pues no podría ser de otra manera entre esposos y compadres”.
Es decir, “el sistema de justicia penal en Zacatecas se ha convertido en el monopolio de la ley, ese grupo de cuatro decide quién es culpable y quién es inocente en toda la entidad. La división de poderes con esta cuarteta se ha convertido en una farsa, cuando estos comparten la misma mesa de comedor”.
En este escenario, la única alternativa para los abogados litigantes es la presentación de quejas ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación, para que, en la medida de lo posible, pueda resarcirse la justicia e impedir que en Zacatecas continúen estas prácticas.
