La indignación que ha provocado la agresión sexual y el intento de feminicidio de una niña en el municipio de Tabasco, Zacatecas, presuntamente cometido por un menor de apenas 13 años, es comprensible. La gravedad del delito exige justicia para la víctima, protección integral, reparación del daño y una actuación firme de las instituciones. Nada de ello admite matices.
Sin embargo, una sociedad democrática también debe resistirse a la tentación de reducir estos casos a la simple exigencia de castigos cada vez más severos. La respuesta punitiva, por sí sola, no explica cómo un niño llega a reproducir niveles extremos de violencia que deberían resultar impensables en la infancia.
Desde la sociología y la psicología infantil, estos hechos obligan a mirar el contexto. Décadas de desigualdad, exclusión y descomposición del tejido comunitario han dejado huellas profundas. Aunque México ha logrado avances importantes en la reducción de la pobreza y en la ampliación de derechos sociales, documentados por el INEGI y fortalecidos mediante políticas de inclusión, persisten inercias heredadas de un modelo económico que privilegió el consumo, la competencia y el individualismo por encima de la comunidad.
El papa Francisco denominó a esa lógica “la economía que mata”: un sistema que normaliza la exclusión y convierte el éxito material en medida del valor humano. A ello se suman los estereotipos de riqueza, poder y masculinidad difundidos durante años por parte de los medios, las redes sociales y la cultura digital, donde la violencia suele presentarse como una forma de dominación.
Nada de esto disminuye la responsabilidad del agresor ni el derecho de la víctima a la justicia. Pero sí recuerda que, cuando un niño comete un crimen atroz, también ha fracasado la familia, la escuela, la comunidad y el Estado. Castigar es una obligación jurídica; comprender las causas es una obligación ética. Si renunciamos a esta segunda tarea, seguiremos reaccionando con horror ante nuevos casos sin impedir que vuelvan a ocurrir.
