Determinar las condiciones de ingreso, promoción y permanencia del personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) parece ser el resultado de la negociación bilateral con el Sindicato de Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ) y estar formalizado en el capítulo IV del contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT). Sin embargo, esto ya no es el caso, o está en vías de extinción la influencia del gremio de académicos sobre sus condiciones laborales. ¿Por qué?, debido a las negociaciones de la rectoría con el gobierno federal para gestionar recursos extraordinarios se firman convenios que afectan de manera directa las condiciones laborales. Así, el 21 de diciembre de 2018 el entonces rector de la UAZ, Dr. Antonio Guzmán Fernández, firmó un “Convenio de apoyo financiero de recursos públicos federales no regularizables” con la Secretaría de educación pública (SEP) para obtener 250 millones de pesos. Este dinero, necesario para pagar salarios y prestaciones del personal docente y administrativo, se otorgaba sujeto al cumplimiento de algunos requerimientos. Entre otros, se pretendía disminuir la brecha entre plazas con soporte financiero y las que no, así como contener el crecimiento de las prestaciones contractuales. De acuerdo con los datos de la página de transparencia de la SEP, estos compromisos se cumplieron. Por lo que la administración central de la UAZ logró disminuir el número de plazas sin soporte financiero. ¿Cómo? Parece que los programas de despidos se descartan, porque no los ha habido. Más bien se operó mediante la desaparición de las plazas del personal jubilado en fechas recientes. De modo que la cláusula 25 del capítulo IV del CCT se viola. Si junto a esto se considera que las promociones están suspendidas por “insuficiencia financiera” y se otorgan a conveniencia de la patronal, los incrementos previstos en la cláusula 26 desaparecidos junto a las plazas, así como violada la cláusula 24A por los directores de manera constante, se concluye que, de hecho, la admisión y promoción del personal responde a las necesidades de la rectoría. Tales necesidades son, casi todas, las contenidas en los convenios de apoyo extraordinario. El SPAUAZ puede vindicar la exigencia de las plazas, pero carece de la fuerza para presionar mediante una huelga debido a su dinámica interna, que es la impuesta por las diferentes facciones universitarias. Incluso si esas contradicciones tuviesen solución, los resultados de una huelga estarían muy limitados, tanto como los recursos financieros disponibles. Resulta que la falta de presupuesto es la mejor manera que tiene la rectoría de doblegar al SPAUAZ, de hacerlo presa de una fatalidad ineludible. Lo logra mediante una perniciosa “ideología” que acompaña al déficit financiero. Consiste en lo siguiente: se escudriñan los datos de las ministraciones federales y estatales de la UAZ para concluir que, debido a que se piden adelantos de presupuesto, el SPAUAZ debe movilizarse para proteger las prestaciones. Como resultado se genera tensión en los docentes, el SPAUAZ no se moviliza y los presagios no se realizan porque la rectoría, de último momento, consigue los recursos para pagar algunos adeudos. Hecho el pago la tensión se relaja y el control por parte de la patronal sobre todos los aspectos del contrato se recrudece porque cada “rescate” conlleva condiciones lesivas para los docentes que la UAZ cumplirá con la leal oposición del SPAUAZ. Esta leal oposición consiste en el reclamo de todo lo ofrecido por la patronal al gobierno federal, pero sin fuerza para hacer más nada que un pliego petitorio. Según parece, lo importante de ofrecer datos acerca de los adelantos de presupuesto consiste en notar que, por ese motivo, la UAZ ya no tendrá para pagar prestaciones y salarios en un cercano futuro. Pero no se enfatiza el hecho siguiente: no hay violación al contrato si la UAZ solicita adelantos de presupuesto, los hay si no paga las prestaciones. Así que el dato de la solicitud de adelanto es irrelevante. Importante es lograr que no se implementen por la vía de los hechos las transformaciones del contrato, no saber si hay adelantos o no de ministraciones. Aquí se confirma una “política” muy sutil de la rectoría: no se firma nada, no hay documentos, y los que hay cuentan otra historia, pero las condiciones laborales se deterioran, no se cumple el contrato y el SPAUAZ, aunque reclame, lo hace sin fuerza ni seriedad. Aquí lo relevante es enfocar la mirada en cómo se van transformando las condiciones laborales mediante los compromisos firmados por la UAZ, y sostenidos por el SPAUAZ. Los contratos colectivos lo que muestran es un cierto estado de las fuerzas que se disputan el capital existente en la universidad en un momento de tiempo. Constituyen un ideal, un “horizonte de sentido”, nunca operan en la realidad a menos que haya agentes que empujen en ese sentido. Considerar que las relaciones entre la rectoría y los agremiados al SPAUAZ no cambian porque no cambia el contrato es una ingenuidad. Estas se transforman por otros medios, y sin la conciencia clara de cuáles son no habrá defensa posible. Parece ser una verdad que el déficit financiero es la mejor manera que el Estado ha encontrado para imponer su rectoría sobre la educación.
