En el debate sobre el futuro de las ciudades, ONU-Hábitat ha sido claro: el transporte público no es una mercancía sujeta únicamente a la lógica del mercado, sino un derecho que garantiza el acceso equitativo a la ciudad y al tiempo libre. En Zacatecas, esta premisa cobra especial relevancia ante un escenario que evidencia la tensión entre interés público y rentabilidad privada.
Hoy, concesionarios del transporte presionan por un incremento de hasta 30 por ciento en la tarifa, en un contexto donde existe a nivel global un incremento generalizado de los energéticos por el conflicto causado por Donald Trump y de forma local persisten deficiencias estructurales: rutas desarticuladas, tiempos de espera excesivos y unidades que no siempre cumplen con estándares mínimos de calidad. A ello se suma una deuda institucional que se arrastra desde hace tres sexenios: la no operación del llamado Plata Bus, un proyecto que ha prometido modernizar la movilidad urbana y que, hasta ahora, permanece como una expectativa con posibilidades de concretarse en sus primeras fases.
Este panorama refleja los límites de un modelo centrado en concesiones fragmentadas, donde el usuario es tratado como cliente cautivo. Desde la perspectiva del Desarrollo Urbano, ello profundiza desigualdades, pues condiciona el acceso al empleo, la educación y los servicios básicos a la capacidad de pago. En contraste, el enfoque del Derecho a la Ciudad plantea que la movilidad debe garantizarse con criterios de equidad, accesibilidad y dignidad.
La experiencia internacional impulsada por gobiernos de izquierda, se muestra que los sistemas de transporte más eficientes son aquellos donde el Estado asume la rectoría, regula tarifas con enfoque social y planifica de manera integral. Incrementar tarifas sin mejorar sustancialmente el servicio no solo es regresivo, sino que afecta severamente a miles de familias que de forma diaria usan el transporte público para sus actividades diarias y que 3 pesos por viaje representan a fin de mes la posibilidad de adquirir el pan sobre la mesa.
Zacatecas enfrenta, así, una disyuntiva de fondo: mantener un esquema donde el transporte es negocio para unos cuantos, o agilizar el ritmo y avanzar hacia un modelo donde la movilidad sea reconocido como derecho para todos. Esto implica retomar proyectos estratégicos, como el sistema articulado prometido, pero bajo una lógica de transparencia, viabilidad técnica y beneficio social.
Concebir el transporte como derecho no es un ideal abstracto. Es una condición para el desarrollo humano. Sin movilidad digna, no hay igualdad posible. Y sin igualdad, no hay sociedad que prospere a largo plazo.
