En Zacatecas no existe una Ley de Salarios Máximos, aún cuando se había asegurado que se aprobó desde 2010. No obstante, el tope salarial está regulado en la Constitución Federal y en la del estado en sus artículos 127 fracción II, III y IV, explicó el diputado local por Morena, Ernesto González Romo, quien reconoció que el tema es “complejo” y “enredado”, pues aún hay servidores públicos zacatecanos que ganan más que el gobernador e incluso, que el Presidente de la República.
Y es que, a decir del legislador, inicialmente hubo un problema, porque se señalaba que ningún servidor público debía ganar más que el gobernador, pero después se modificó para que el parámetro fuera el suelo del Presidente de la República, rasgo que, de acuerdo con lo percibido por algunos funcionarios registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, no ha sucedido.
Desde 2010, el entonces diputado de la 59 Legislatura, Guillermo Huizar Carranza, declaró a la agencia Notimex que a fin de regular los sueldos de altos funcionarios del estado, organismos autónomos, descentralizados y magistrados, el Congreso local “aprobó” la Ley de Salarios Máximos, la cual había impulsado él, por lo que con la nueva normatividad, quien sería el siguiente gobernador, Miguel Alonso Reyes, ganaría 98 mil 700 pesos mensuales y nadie podría devengar más que él.
El legislador en aquel entonces por el Partido del Trabajo (PT), indicó que el objetivo de dicha ley era poner orden al pago de salarios y que con los recursos obtenidos se hicieran obras, pero también para regular el esquema de remuneración del gobierno estatal, el cual calificó de “mentiroso”, porque cuando el tabulador establecía para la gobernadora Amalia García Medina un sueldo de 49 mil 479 pesos con 84 centavos, la mandataria percibía cerca de 160 mil pesos
Por tanto, con la entrada en vigor de la Ley de Salarios Máximos (LSM), la percepción total del nuevo gobernador, incluyendo bonos, compensaciones y sobresueldos, no deberá de exceder los casi 99 mil pesos, dijo Huizar Carranza en aquel entonces, quien aclaró además, que en dicha legislación no se regularon los salarios de los diputados locales por no considerarse necesario.
Explicó, hace 12 años, que un diputado local ganaba 83 mil pesos mensuales y que según la normatividad que entraría en vigencia podrían ganar hasta casi 99 mil pesos, aunque aclaró que se estaba consensuando para los diputados de 60 Legislatura un salario mensual de 85 mil pesos.
Asimismo, en dicha entrevista, Huizar Carranza refirió que el Poder Legislativo local también aprobó modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado con el fin de que las pensiones de los magistrados disminuyeran. Con esa nueva disposición, subrayó, los magistrados sólo percibirían los primeros dos años de su retiro su sueldo íntegro y el resto del tiempo obtendría el 20 por ciento del salario total de cuando estaban en activo.
Poner en marcha dicha ley, explicó también el ex legislador y funcionario, correspondería a la administración que encabezó Miguel Alonso Reyes, sobre todo sería la Contraloría Interna del Estado y la Contraloría Superior, las responsables de vigilar la aplicación de la normatividad cuando entrara en vigor y cuando hubiera sido aprobada por los 58 ayuntamientos.
No obstante, cuatro años más tarde, es decir en 2014, en una entrevista concedida a este medio, el mismo Guillermo Huizar Carranza, en aquel entonces titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno del priísta Miguel Alonso Reyes, reconoció contradictoriamente que en el estado no existía dicha Ley de Salarios Máximos, sino solamente una reforma de la Constitución local que derivaba de una federal que únicamente establecía y ampliaba el concepto, pero faltaba reglamentarla por el Poder Ejecutivo, aunque aseguró que nadie ganaba más que el gobernador.
Sin embargo, donde estaba la discusión más centralizada en ese entonces, dijo, es en los municipios, que generalmente no cumplían la reforma. En la aprobación hecha en la 59 Legislatura cuatro años atrás, se armaron tres grupos de municipios: A, B y C, para establecer el salario máximo de los presidentes municipales y regidores de los ayuntamientos, dependiendo del presupuesto, número de habitantes y otros. Pero esa es la parte que no se cumplía, dijo.
La reforma estableció que los alcaldes de la zona A, entre ellos Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, podrán ganar 82 mil 481 pesos; los de la zona B, sobre todos ubicados en las regiones norte y noroeste, 57 mil 378 pesos y los ediles sobre todo del sur del estado, clasificados en la zona C, tenían un margen para percibir hasta 33 mil 140 pesos.
Huizar insistió en dicha entrevista que donde había mayor inaplicabilidad de la ley es en los ayuntamientos, de ahí la necesidad, dijo, de que más allá de discutir conceptos técnicos constitucionales, se hiciera una ley reglamentaria de la reforma, lo cual dependería de los diputados locales, los federales y el propio titular del Poder Ejecutivo, quienes en términos de la Constitución tienen el derecho de presentar una iniciativa.
El problema al que refería Huizar, pudiera entenderse dado que en la 60 Legislatura, los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIyCP), en aquel entonces conformada por el aliancista Jorge Luis García Vera, el priista Felipe Ramírez Chávez, Lucía del Pilar Miranda del PRD, Ángel Gerardo Hernández Vázquez del PAN y Saúl Monreal Ávila, del PT, propusieron una reforma a la Constitución Política del Estado de Zacatecas para que en la regulación de los emolumentos de los servidores públicos, si bien se reconociera como tope el salario del Presidente, no así el del gobernador, sobre todo para ayuntamientos, siendo por tanto los alcaldes los que ganarán más sin importar si era más que el jefe del Ejecutivo estatal. Reforma que fue aprobada también por la mayoría de los cabildos y entró en vigor, por tanto, en 2013.
Tal parece que hasta la fecha esta es la reforma que sigue permeando, sobre todo cuando se observa que hay funcionarios públicos en Zacatecas que perciben más que el gobernador e incluso que el presidente municipal, lo que recuerda la necesidad de dicha ley debido a que existe una disparidad inexplicable entre los salarios percibidos entre alcaldes, diputados, el gobernador y magistrados.
Por ejemplo, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), aparece que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Arturo Nahle García percibe un salario mensual de 117 mil 131.13 pesos, mientras que el gobernador David Monreal Ávila recibe un sueldo neto de 83 mil 633.53 pesos. Incluso, el sueldo del magistrado es mayor que el del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que de acuerdo con la plataforma, recibe un sueldo neto de 111 mil 865 pesos mensuales.
Entre otros personajes que pudiera decirse perciben más que el presidente de la República se encuentra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, que tiene un sueldo mensual neto de 177 mil 553.88 pesos; o el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien gana 205 mil 598.58 pesos.
Para el caso de Zacatecas, por tanto, el gobernador no es el funcionario que percibe más como dictaría la reforma constitucional, pues incluso su hermano, Saúl Monreal Ávila, presidente de Fresnillo, percibe según la PNT, un sueldo mensual neto de 92 mil 748.99 pesos. Que también, comparado con los otros ediles de la zona A, presume un suelo muy dispar, toda vez que el presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, tiene un sueldo neto de 59 mil 376.91 pesos y su homólogo del municipio de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, 41 mil 378.40 pesos. Es decir, estos dos alcaldes de dos de los municipios más importantes ganan menos que un diputado local cuyo sueldo mensual neto es de 81 mil 887 pesos.
Entre otros funcionarios con salarios onerosos en el escenario local, se encuentra el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Uriel Márquez Cristerna, cuyo sueldo mensual neto ronda los 90 mil pesos; María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), con 79 mil 425.18 pesos; Fabiola Gilda Torres Rodríguez del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), con 70 mil 901.06 pesos, o bien, el Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes, cuyo sueldo mensual neto sobrepasa los 65 mil pesos.
Incluso, la reforma no se cumple ni al interior del aparato gubernamental, pues de igual forma de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), hay secretarios que han registrado una percepción mensual neta mayor que la del mismo gobernador, como ha sido el caso del titular de la Secretaría de Economía, cuyos reportes son de 155 mil 355 pesos, contraviniendo con ello al fin de los “sueldos dorados” que busca combatir la llamada Nueva Gobernanza.
