■ La aplicación de la ley local en este rubro requiere una reglamentación escrupulosa, señalan
“El ejercicio del poder está vinculado al abuso del mismo”. Cita Octavio Macías Solís, coordinador del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (Caviz), al teórico garantista Luigi Ferrajoli, para exponer la necesidad de acotar las facultades de los integrantes de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito y reglamentar los criterios para la administración del fondo destinado a la reparación de daños, éstos derivados de la próxima promulgación de la Ley Estatal de Víctimas.
De igual forma destacó como prioritaria la selección de los integrantes de este órgano, que señala, debe ser colegiado e integrar a entidades de la sociedad civil, pero también públicas, entre las que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dijo, “como jefe de las políticas de asistencia social tiene mucho que decir y que aportar”.
Agregó como importante, la selección de comisionados debe tener entre sus criterios el que sea gente honorable y cercana a la ciudadanía. Y dijo, en sustento de ello debe revisarse su vida y su trayectoria. Pero agregó, debe transcenderse lo legal, para que la elección de los personajes, sea además legítima.
Esto en respuesta a la pregunta de cómo evitar que se partidice o autonomice de las bases, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la selección de comisionados.
Elegir por reparto partidista señala es “legal pero eso no ayuda…si todos nos ponemos de acuerdo en que sea mi compadre, es legal, pero no es legítimo. Tenemos que hacer que las cosas fluyan”.
Todo esto, comentó, es importante para dar una asistencia a las víctimas escrupulosa y sustentada en criterios técnicos, mecanismos y protocolos de actuación que ofrezcan certidumbre y confianza, en un contexto de escasez de recursos resarcitorios, pues para este caso en particular de la aplicación de la Ley Estatal de Víctimas, “yo creo que no va a haber fondo que alcance”.
Al respecto señaló que “orden dada y no vigilada no sirve para nada”, para referirse asimismo a la necesidad de una contraloría que agregó, no implica tener un secretario de la misma o de la Función Pública.
“Yo creo que tenemos que pensar como sociedad civil en la Contraloría Social que se transparente ante la opinión pública y los medios (de comunicación) para que al menos sepa la gente lo que estamos haciendo con sus cosas”, expuso.
“La atención psicológica, médica, hospedaje, alimentación, aunque sea momentáneamente mientras puede valerse por sí misma” la víctima, dijo, son aspectos fundamentales de esta Ley.
Por esta razón se debe tener extremo cuidado en los criterios para proponer la conformación de un padrón de víctimas que define a quiénes se atenderá y con cuánto y si para ello se involucrarán aspectos como estudios socioeconómicos o prioridades como atención a niños que queden en orfandad como víctimas de delitos, entre otros, y qué ilícitos implicarán el reclamo de reparación del daño para las víctimas, en la competencia estatal.
“Desde mi punto de vista es un gran avance el hecho de que volteemos a ver a la víctima porque en realidad por mucho que gaste el Estado, es menos de lo que gasta en la readaptación del delincuente”, una modificación que se incluyó en la reforma constitucional de 2008 al artículo 20, expuso, y de la que deriva La Ley General de Víctimas y la próxima legislación estatal en la materia.
