Además de consideraciones relacionadas con el diseño institucional, el diagnóstico de la política de desarrollo social, tendría que tomar en consideración como criterios básicos para la planeación, los criterios utilizados por el Gobierno Federal para 2016.
Entre las prioridades del Gobierno Federal para el próximo año, se encuentran los programas de combate a la pobreza; seguridad pública; desarrollo científico y tecnológico; universidades públicas, y crecimiento económico.
Dos de sus rasgos principales, son la política de austeridad y el presupuesto base cero.
En cuanto a la política de austeridad, en términos generales y sin ampliar el análisis relacionado directamente con la crisis sistémica global (y sus alternativas civilizatorias). Señalaré que, por un lado, la austeridad sigue una aparente “racionalidad económica” que engaña –con facilidad- a nuestro sentido común; 30 años de neoliberalismo deberían ser/tener evidencias suficientes de tal contundencia, que condujeran directamente a proponer y elaborar propuestas de política económica menos obtusas, que fueran claramente postneoliberales, incluyendo, los cambios propios debidos al advenimiento de un régimen de democracia efectiva.
Como la Unión Europea nos vuelve a mostrar, especialmente con el caso criminal –y, patético- de Grecia, gracias al tipo de castigo brutal impuesto por la “Troika” (una política que en México y en América Latina, conocemos a través de amargas experiencias propias, y de convulsiones y giros “progresistas” que en estos momentos están mostrando también sus límites). A saber, que las políticas austericidas, reducción del gasto público, privatizaciones, reformas estructurales, no producen ni crecimiento, ni desarrollo, sin entrar a revisar, si no será que estas mismas “estrategias”, –a estas alturas- se hayan convertido en “caminos sin salida”, desde el punto de vista de la humanidad -y de la crisis ecológica desbocada. Aunque es útil recordar, una vez más, ese “hecho social total”, derivado de que la causa del desastre en curso, es directamente antropogénica, de una manera tan inocultable, estaría transformando nuestro imaginario social, empujándonos hacia constelaciones de sentido cada vez más “extremizadas”, entre quienes son partidarios de imponer un orden totalitario (¿el 1% contra el 99%?), o quienes nos orientamos a impulsar una “ruptura democrática” mucho más profunda. Mientras tanto, nos acercamos a los “finales de partida” a una velocidad de auténtico vértigo.
Otro elemento a tomar en consideración, localmente, y que es del dominio público, es que una parte importante del presupuesto de 2016, se irá a las campañas electorales, sin que exista manera de impedirlo, ni con la veda de los programas por motivo de las elecciones, ni con unas prácticamente “inexistentes” instituciones encargadas de velar por el buen ejercicio del presupuesto, y de los procesos electorales, incluyendo la aplicación de sanciones. El resultado son el tipo de campañas electorales que convierten el voto en un botín de ese particular “mercado negro”…“Dicen que es democracia, pero no lo es”.
Parecería –de ese modo- realizada, aquella verdad escondida en la frase del vicepresidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de la ONU, Jean Ziegler, cuando caracterizaba nuestra época, cruda y directamente… “la fase superior del capitalismo es la mafia”.
El segundo aspecto, apuntado arriba, es el del presupuesto, realizado bajo la denominada metodología Base Cero, donde, uno de sus aspectos centrales es que la Secretaría de Hacienda utiliza en sus criterios la evaluación de programas que impactan el desarrollo económico y social, de acuerdo con la medición realizada por el Coneval.
De este modo se priorizan los programas sociales de 2015, si los mismo cumplen con dos objetivos: el primero, es el de disminuir las carencias sociales, y, el segundo, el de elevar el nivel de la población en situación de pobreza, con el objetivo de reducir la misma, y una vía para lograrlo es mediante el acceso a los programas sociales, como forma de hacer efectivos sus derechos sociales. Para el Coneval, los programas orientados a reducir la pobreza en México, deben enfocarse a modificar los siguientes indicadores: carencia alimentaria; rezago educativo; acceso a la salud; seguridad social; medio ambiente sano; mejorar la calidad y espacios de la vivienda; trabajo; bienestar económico; y no discriminación.
Para la gestión eficaz, se requiere la utilización de todo un conjunto de herramientas propias de la gestión pública (y, en otro registro, de los bienes comunes); bases de datos, estadísticas, geolocalización, etc. Pero… ¿Dónde queda la participación efectiva “desde abajo” y, cómo, los “especialistas”, pueden ser controlados democráticamente?
Asumirnos como sujetos de derechos (sociales; humanos), implica afirmar las exigencias legítimas de cada ser humano hacia un orden político que nos considera iguales, pero, también, concebidos políticamente, esos mismos derechos, nos obligan a contribuir, tanto como nos sea posible, en ese orden democrático. Necesitamos “autoalterarnos reflexivamente”, tener la capacidad y el coraje de asumir que ese “orden” debemos crearlos nosotros mismos… y actuar en consecuencia. n
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