Desde mi concepción, un abogado es una persona que ha obtenido el título de Licenciado en Derecho y que intercede por otro individuo ante los tribunales u otras instancias del orden jurídico en busca de la justicia, la equidad y la aplicación de la norma abstracta a un caso concreto. Así, el abogado conoce el sistema jurídico mexicano y de otras latitudes; sabe de la estructura del estado, las formas de gobierno y los matices del poder analizados desde su origen, por lo que puede visualizar y entender el porqué de nuestra situación actual; logra dibujar escenarios sociales mejores y, proponer desde la administración pública, las políticas públicas que puedan contribuir a superar retos comunes tan arraigados como la pobreza, la marginación, la inequidad y la injusticia. El abogado puede generar conocimiento partiendo de la aplicación efectiva de la epistemología jurídica, además, puede crear estrategias de solución a los problemas reales de la sociedad, partiendo de la investigación jurídica y el método científico. El jurista es también edificador de nuevas generaciones de abogados pues participa en la docencia, noble labor y oportunidad única para trasmitir el amor por la profesión e instalar profundamente los valores éticos y morales que deben cumplirse en atención a la axiología y la deontología jurídicas. En este contexto, el abogado se transforma en múltiples facetas como una hidra mitológica y puede dedicarse plenamente al derecho público, privado o social, además de interactuar en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. Un abogado está capacitado para ser juez, magistrado, ministerio público, policía ministerial, Presidente de la República, senador, diputado federal y estatal, presidente municipal, regidor, juez de paz, abogado postulante, docente, investigador, escritor y, sobre todo, revolucionario aportador de la fuerza intelectual que se requiere en la generación de las nuevas estructuras políticas y sociales que promuevan y garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos fundamentales y sus garantías, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De este tamaño es la gran tarea del abogado en el contexto actual por lo que recuperar su esencia, traerá como consecuencia una renovada estructura social lograda pacíficamente por la vía de la justicia y el derecho. Actualmente el sistema jurídico federal se integra por más de 309 disposiciones entre Constitución, leyes, reglamentos y decretos, que no se aplican totalmente o son superadas por la realidad de México, situación que nos condena a vivir en condiciones de inseguridad e impunidad, en pobreza, en subdesarrollo y desequilibrio social y, por si fuera poco, tenemos que soportar a algunos integrantes de la clase política que se esmeran por interponer sus interese particulares por sobre las aspiraciones del pueblo; en anteriores administraciones se ha visto que una vez en el poder, la corrupción ha sido su mejor estrategia de vida pues con ella garantizan a sus próximas generaciones, riqueza, prestigio y nuevas posiciones políticas que les faciliten seguir robando ante lo endeble de las instituciones y lo enclenque de algunas leyes y sus procedimientos. De tal suerte, el abogado constituye un nivel de influencia fundamental para erradicar tales vergajos, siempre y cuando, no se convierta en cómplice de la ignominia. México precisa de una nueva generación de abogados que se sumen a la lucha de los más vulnerables, que se incorporen al estudio de las nuevas áreas del conocimiento jurídico como el derecho ambiental y el derecho indígena, que se involucren en la solución de los graves problemas existentes en sus comunidades y que coadyuven en el cabal cumplimiento de los derechos humanos. La patria amerita de abogados con sensibilidad humana, estudiosos de la historia y con una vasta cultura general y jurídica para brindar asesorías adecuadas, para influir positivamente en la toma de decisiones ante la ignorancia e intolerancia de muchos privilegiados que juegan con los destinos de miles y millones de personas. Afortunadamente, somos miles de abogados y por lo tanto, igual número de posibilidades de contribuir al progreso del país, del estado y de los municipios, ideemos mundos mejores, soñemos y trabajemos por una mejor sociedad, reflexionemos en la necesidad de superar instituciones que históricamente no han resuelto nuestros retos sociales, tal es el caso de la democracia y el sistema de partidos políticos que solo benefician a algunos pocos; trabajemos en el fortalecimiento de las instituciones y normas que protegen con recomendaciones o llamadas misa, nuestros derechos humanos fundamentales.
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