Recientemente, en nota publicada en La Jornada el 11 de abril de 2015, el líder del Stuaz, Lic. Rafael Rodríguez Espino asegura que: “…la crisis de esta universidad se llama Spauaz (Sindicato de Personal Académico)-Rectoría. Fue ese sindicato y la Rectoría en su momento los que metieron la sobrenómina de los técnicos académicos que no dan clases”. Para el dirigente del sindicato de trabajadores de la UAZ es claro que el origen de las dificultades financieras reside en las contrataciones que se han hecho sin presupuesto, pero él restringe el asunto a un sector en particular: los técnicos académicos que no dan clases. La situación es más compleja. En nota relacionada, en la misma fecha y mismo diario, el ingeniero José Antonio Álvarez Pérez, alguna vez al frente de la Coordinación de Personal de la UAZ, comenta que los directores tienen la práctica de segmentar los grupos para poder completar la carga a los docentes, lo que, según él, permite que se generen derechos sobre materia laboral inexistente, porque los grupos de 10 o 15 personas no son acordes a la normatividad. Podemos notar las diferencias, más inquietantes son las convergencias: el asunto reside en la contratación que, de común acuerdo, el Spauaz y la Rectoría han llevado a cabo sin que haya los recursos para ello. Por ese motivo la UAZ no puede pagar la seguridad social que, supuestamente, asciende a 180 millones de pesos al año. Con 180 millones se pueden contratar un gran total de 1000 personas con un salario medio de 15,000 pesos, con prestaciones incluidas. Las soluciones que se ofrecen al problema no son pocas, casi todas, sin embargo, hacen abstracción de la complejidad del asunto y parecen responder a los ilegítimos intereses de grupo. El líder del Stuaz considera que son los técnicos académicos los que deben cargar todo el peso de la solución, mientras que los perpetradores de la canallada, el Spauaz y la Rectoría, deben salir impunes. Otros sostienen que las normas jurídicas deben dejar de ser una burla y ser seguidas por las instancias correspondientes, aunque olvidan que son precisamente los actos impunes de directores, dirigentes sindicales y administración central de la UAZ los que promueven la cultura de la corrupción y la ignorancia de la ley. ¿Cuántos directores siguen el procedimiento contractual?, ¿cuántos dirigentes sindicales lo conocen únicamente para violarlo mejor?, ¿cuántos Consejos de Unidad aprueban la carga laboral en las fechas convenidas en el contrato? Si existiesen estadísticas al respecto serían de espanto: la ignorancia de la ley y la perpetuación de acuerdos de conveniencia para grupos y personas son la regularidad, mientras que la observancia de los documentos jurídicos es nula. En su número de abril de 2015, la revista Nexos incluye un artículo de Otto Granados, titulado “La corrupción consentida” en el que dice sobre el problema de la corrupción de las instituciones: “…para disminuir el problema hay que comprender su complejidad, introducir innovaciones en sus ámbitos más recurrentes…hay que desmontar los incentivos que lo motivan para reducir los beneficios que genera y edificar un ambiente colectivo que premie la honestidad”.
El ámbito de la UAZ es mucho más pequeño que el ámbito de la administración pública mexicana, pero con todo es parte de ese ámbito y se mueve en sus términos: la corrupción abunda, lo sabemos todos y en la medida que obtenemos algún beneficio es que acordamos su perpetuación. Pero hasta el momento parece muy incipiente un pensamiento que haga justicia a la complejidad del problema de la corrupción, porque las medidas que se proponen responden a intereses de grupo, y son necesariamente estrechas.
-Como ya hemos mencionado, sea cual sea el resultado legal sobre los técnicos académicos, despedirlos no soluciona nada –como asegura creer el líder del Stuaz- porque los pillos principales en esa narrativa permanecerían impunes: el dirigente del Spauaz y el Rector.
-Lo mismo acontece con los que suelen hacer aritmética de la voluntad y quieren modificar las partidas presupuestales que, según ellos, tienen superávit para financiar las deficitarias. Esto no funcionaría, porque el problema financiero es que el presupuesto ordinario no ajusta, y no ajusta porque la política del Gobierno Federal es que ese presupuesto se mantiene, en promedio, constante, siendo todo lo nuevo financiado con recurso extraordinario. Y lo nuevo que impuso la voluntad de un rector fueron 1000 nuevos contratados con cargo al presupuesto ordinario.
-Tratar de resolver el problema con la aplicación de la ley nos devuelve al siglo 19, cuando la miseria del país se resolvía por decreto. Tratar de aplicar las leyes sin destruir los incentivos para violarlas es fútil, demostración de gatopardismo.
Necesitamos, primero, tratar de identificar los incentivos que existen para violar la ley. No es suficiente, es necesario encontrar la manera de cancelarlos y destruir la estructura de relaciones que los mantiene actuando. Volveremos sobre el tema en el siguiente artículo, donde trataremos de identificar desde dónde se sostiene la corrupción, y cómo se sostiene. ■
