En los últimos días hemos sido testigos de una lamentable campaña de acoso político en contra de la Ministra Norma Piña, quien preside, desde enero de este año, la Suprema Corte de Justicia, y al Poder Judicial mismo. El trato no sólo ha sido injusto para con una jueza de trayectoria, sino que, además, ha implicado un riesgo innecesario para el de por sí precario equilibrio constitucional. Es claro que la ministra presidenta está siendo víctima de violencia política y violencia digital, que puede poner en riesgo su integridad y que atenta contra la figura que representa. Las nefastas consecuencias de la polarización tienen antecedentes históricos que, irresponsablemente, no sólo estamos ignorando, sino alentando. No soy ajeno a las voces de quienes celebran las expresiones que nos polarizan, como una “novedad democrática” (que hubieran denunciado de no encontrarse en el poder), sin embargo, me parecen una evidencia de un extravío que ojalá solo les avergüence en el futuro y no lamentemos todos.
La democracia constitucional es el modelo liberal que México se ha dado, como resultado de un largo proceso que arrancó desde la consolidación del Estado mexicano, en la gloriosa época de la Reforma, con la Constitución de 1857 (y en lo político con los regímenes de Juárez, y luego de Díaz), y que continuó con la Constitución de 1917, la primera en contener una batería de derechos sociales en el mundo, (en lo político con el régimen posrevolucionario de 80 años), y finalmente, con un proceso de transición democrática, que más o menos podemos ver culminada, cuando menos en su etapa conceptual, en la reforma en materia de derechos humanos de 2011.
Este proceso no ha sido ni sencillo ni lineal, claro está. Hoy vive una nueva etapa, en la que nuestro modelo político de convivencia enfrenta el reto de sobrevivir a la ola populista que caracteriza a nuestra época. No pretendo realizar una categorización peyorativa, sino una descripción, entendiendo por populismo un régimen que se rige por la simplicidad y la lógica mayoritaria, es decir, popular. En este contexto, no sólo es de esperarse, sino entendible, que el Poder Judicial, un poder contramayoritario, enfrente ataques (que no por ello dejan de ser irresponsables). Lo es, incluso, partiendo de que, para los políticos, es decir, quienes compiten por el poder y luego lo gestionan, entienden a la Constitución como un Pacto Político, y es deber de los jueces (cuando menos en el campo de lo idóneo) entender a la Carga Magna como documento jurídico. A los primeros corresponde entender, representar y moldear las corrientes de mayorías y minorías; a los segundos, garantizar y hacer valer lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli llamó la esfera de lo indecidible, es decir, ese espacio en el que los demás, por argumentos de popularidad, no pueden, ni deben, intervenir. Es justo este equilibrio que permite que nuestra democracia funcione, pues, como dijera otro Ministro: “la democracia como un régimen de acción-contención de los poderes públicos, donde la gente participa no solo en la elección de quienes los gobiernan o representan, sino en la medida en que sus necesidades básicas y derechos fundamentales son satisfechos y garantizados, respectivamente”. (Prólogo del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el libro Cómo hacer funcionar nuestra democracia, del juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Stephen Breyer).
Lo que hoy hace la Ministra Piña, con una prudente dirección del Poder Judicial, es aportar, con toda responsabilidad, a este esquema, el que, sin duda, se vio mermado por un ministro que, de jurista, pasó a convertirse en un político: Zaldívar, que tristemente parece haber pasado de ser un buen juez a un mal político.
Qué duda cabe: el Poder Judicial requiere, como todas las instituciones en México, un análisis constante y profundo que dé lugar a sendas reformas que lo modernicen, democraticen, transparenten y legitimen (por cierto, la reforma Zaldívar, parece que solo empoderó a la Presidencia de la Corte, que hoy ostenta la Ministra Piña). Pero por lo pronto, y a pesar de los aspavientos, la Corte aporta lo que le toca al funcionamiento de nuestra democracia.
@CarlosETorres_
