Entre los muchos salpicados del juicio contra Genaro García Luna que está por concluir, además de Felipe Calderón, el sistema policíaco-judicial de México, y la DEA, está la prensa mexicana.
Es claro que a los medios no se le tenía ciega fe en el esplendor del Calderonato. Sus postrimerías justamente vieron nacer al movimiento #yo soy 132 por el hartazgo que produjo el tratamiento de la información política, y en particular por la notoria construcción mediática de Enrique Peña Nieto que le ganó el mote de telepresidente.
Pero esa mirada crítica no se extendía por aquellos años, o al menos no lo suficiente, al tratamiento informativo que se hacía a los temas de seguridad.
Aunque con honrosas excepciones, en aquel momento la constante mediática, ante los homicidios, era la idea de que “se mataban entre ellos”, y por tanto se presumía que las víctimas de la violencia desatada por la, mal llamada, guerra contra el narco, lo eran porque estaban involucradas en el negocio.
De esta manera pasaron por delincuentes inicialmente los dos estudiantes del Tec de Monterrey que fueron asesinados en su propio campus, así como el grupo de jóvenes que fue acribillado durante una fiesta en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez. Sólo por citar un par de ejemplos.
Poco se cuestionaba en la prensa de aquel entonces si de verdad se trataba de delincuentes, y mucho menos aún había la conciencia social suficiente que permitiera hacer entender que aún si lo fueran, tendrían que tener derecho a juicio, y no haber sido ejecutados en caliente para luego averiguar.
Ahora sabemos que en esa forma de actuar de los medios de comunicación no había únicamente un errado criterio periodístico, o siquiera la convicción de estar actuando de la manera correcta, sino que detrás de ello, en varios de los casos, estaba un interés económico que se confirma si se asumen como ciertos los testimonios en el juicio contra García Luna.
Según declaró el secretario de finanzas del gobierno de Coahuila, el mandatario de ese estado facilitó un acuerdo entre el periódico El Universal y Genaro García Luna para cuidar del prestigio de este último.
No. No se trató de un simple convenio publicitario de una institución con la implícita intención de mejorar la imagen pública de un gobierno o particularmente de los servidores públicos que lo encabezan.
Sí hubo muchos de esos contratos. De hecho, el periodista Jesús Lemus calcula más de 15 con Televisa y Tv Azteca, por varios millones de pesos, a cambio de publicitar detenciones de supuestas bandas de secuestradores que en realidad eran delincuentes menores que le estorbaban a sus jefes.
Pero el caso de El Universal es más que eso, a decir del testigo del juicio de García Luna, porque además de implicar 25 millones de pesos mensuales, se habría hecho con una triangulación en la que el dinero público del pueblo coahuilense, terminaba por pagar la protección mediática.
Este episodio viene a sumar a lo que ya sabíamos: la realización de la serie El Equipo, en Televisa, con la que se pretendía crear opinión favorable de la Policía Federal, sin advertir al público de que se trataba de un trabajo por encargo.
Y por supuesto la colaboración con Carlos Loret de Mola para realizar un montaje del supuesto arresto de unos secuestradores, que como sabemos, metió a México en un conflicto internacional con Francia por Florence Cassez y mantiene en prisión desde hace 16 años a una persona sin sentencia.
Ya sabemos pues que se pagaba por hablar bien. Pero nos hace falta aún saber qué se acordó (si es que se hizo) con los firmantes de la Iniciativa por México, ese pacto de silencio por el que los medios más importantes del país acordaban limitar la información sobre la violencia, firmado en marzo de 2011.
Como es sabido, en el negocio de los medios de comunicación se paga más por lo que se calla, que por lo que se dice. Y probablemente nos falte mucho por saber.
