En el panteón de Dolores, víctimas de la ‘guerra sucia’

Ciudad de México. En el primer informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la guerra sucia, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer que se tiene evidencia de que personas detenidas y desaparecidas entre 1960 y 1990 fueron llevadas a la fosa común del panteón de Dolores, en la Ciudad de México, y entre las víctimas estarían integrantes de la Liga 23 de Septiembre.

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De acuerdo con el libro de registros del panteón, fueron inhumados en la fosa común, hecho que hay que esclarecer, sostuvo.

Destacó como otro de los avances que, a través de testimonios, se exhumaron los restos óseos de siete personas –en proceso de identificación forense– en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, y quienes habrían sido víctimas de ejecución extrajudicial por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a finales de los 60.

En la segunda sesión extraordinaria de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Encinas subrayó que el trabajo que se desarrolla permitirá resultados sin precedente. Derivará en la construcción de una nueva narrativa de los hechos, como parte de un proceso de construcción colectiva de muchas de las verdades de cada una de las víctimas, de los familiares, testigos y quienes se vieron afectados.

Javier Yankelevich, del Mecanismo de Búsqueda, expuso que desde 2020 procesan las bitácoras de ingresos al Servicio Médico Forense (Semefo), del entonces Distrito Federal, bajo la hipótesis, cada vez más confirmada, de que una parte de las personas desaparecidas forzadamente en este periodo les fueron entregadas en calidad de desconocidas.

Indicó que el procesamiento de datos, con cerca de 100 mil entradas, está en etapa de análisis computarizado para la identificación.

Se sabe, sostuvo, que la ruta culminaba en las fosas comunes del Panteón Civil de Dolores, todavía en uso, en las que a lo largo de más de un siglo se han enterrado veintenas de miles de cuerpos. La operación de recuperación e identificación de las víctimas supondría la de mayor magnitud de la historia de América Latina.

Sobre los llamados vuelos de la muerte, que despegaban desde la base militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero, y arrojaban al mar a personas capturadas en la guerra sucia, Yankelevich mencionó que se ha avanzado en los cálculos de la distancia máxima a la que un avión de tipo Arava pudiera haber volado, así como el desplazamiento que las corrientes marinas podrían haber producido, para ubicar algún indicio.

Ejército oculta información

A su vez, en Gobernación, los expertos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) expusieron que, si bien avanzan en su investigación, con 831 testimonios recabados, 100 entrevistas informales, el levantamiento documental y la apertura de archivos, persiste la negativa del Ejército a colaborar en el acceso a documentación.

En las semanas recientes se multiplicaron e incluso derivaron en que el personal militar incurriera en prácticas de ocultamiento por medio de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de expedientes.

David Fernández, del MEH, aseveró que lo anterior llevó a que los investigadores fueran retirados desde finales de septiembre de los archivos militares de la Sedena. Explicó que entregaron a Encinas un informe en el que se reportan los hechos que podrían ser constitutivos de delitos.

En el documento de la Comisión también se da cuenta de que la Sedena rechazó la petición de que se convocara a 368 militares a rendir su testimonio, quienes pudieran tener información relevante sobre la época.

Al respecto, el subsecretario Encinas reconoció que todavía hay resistencias, pero aseveró que están en gestiones para que se acate la instrucción del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y se entregue la documentación, más aún cuando en este caso es muy clara la legislación de nuestro país de que no hay reservas de información en materia y violaciones graves a derechos humanos.

Félix Santana, secretario ejecutivo de la comisión, admitió que todavía no se ha designado a los expertos que serán parte del Mecanismo de Impulso a la Justicia, el cual se encuentra acéfalo tras la renuncia de sus tres integrantes este año.

Sin embargo, aseguró que hay un avance importante en el diagnóstico del estado que guardan las averiguaciones previas y las carpetas radicadas en la Fiscalía General de la República y en las fiscalías locales, así como en la elaboración de una propuesta para crear una fiscalía especializada.