La contradicción desciende desde la cúspide del poder: mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la consulta popular celebrada el domingo 1 de agosto fue un triunfo para la democracia, el líder de su partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advierte la necesidad de emprender un juicio político contra Lorenzo Córdova, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), por haber contribuido a su fracaso.
¿Fue pues un éxito, o no, la consulta popular para enjuiciar a funcionarios públicos del pasado?
Si fue un éxito, no hay argumento que valga en contra de Córdova; ahora que, si fue un fracaso, entonces habría de probarse que el presidente del INE fue responsable.
“Estoy muy contento por los resultados, nunca había participado tanta gente en una consulta”, declaró López Obrador al día siguiente.
Refirió como argumento para justificar su entusiasmo los datos de participación relativos a consultas previas que, aunque no fueron constitucionales, tuvieron relevancia política.
De acuerdo con el mandatario, la consulta promovida por él a propósito del Fobaproa, cuando era dirigente de la oposición, concitó la contribución de más de 2 millones de personas. Detrás suyo en números estuvo otra consulta, también convocada por el actual presidente, para cancelar la obra del nuevo aeropuerto de Texcoco, en la cual participó 1 millón 69 mil personas.
Tiene razón López Obrador, comparado con estos otros ejercicios la consulta del domingo 1 de agosto fue todo un éxito porque triplicó la participación respecto a la del Fobaproa y sextuplicó la lograda a propósito del aeropuerto.
Ese mismo día el presidente también emitió una opinión sobre el desempeño de las autoridades del INE. Sin referirse explícitamente a Lorenzo Córdova, señaló que no hubo “suficiente entusiasmo” por la consulta y que tal cosa se puede demostrar por la instalación insuficiente de casillas durante la jornada.
Ni la Constitución ni las leyes electorales tipifican como falta grave la carencia de entusiasmo. Todavía más difícil resultaría ofrecer medios de prueba que sirviesen para comparar los grados de entusiasmo exhibidos por las personas interpeladas.
El número de casillas instaladas tuvo que ver con los recursos asignados por la Cámara de Diputados al INE. En todo caso, la falta de entusiasmo provino de las y los legisladores, mayoritariamente pertenecientes a la coalición gobernante, quienes en vez de apoyar el ejercicio acotaron económicamente sus alcances.
Asegura el presidente que había manera de hacer más con los mismos recursos. Nuevamente aquí sería necesario presentar evidencia para que la acusación no quedase en una mera opinión.
El diputado Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el Consejo General del INE, fue el primero en anunciar el juicio político que su partido pretende enderezar contra Córdova. Este dirigente no metió las manos en el fangoso terreno argumentativo del entusiasmo; en vez de ello acusó al presidente consejero del INE de haberse comportado con parcialidad.
Puntualmente señaló a Córdova de haber inducido, deliberadamente, la decisión popular.
Cabe suponer que el diputado Gutiérrez se refiere a la precisión pública realizada por el INE en el sentido de que la consulta –de acuerdo con el texto de la pregunta formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– no se refería estricta ni exclusivamente a un presunto juicio sobre las responsabilidades de los expresidentes.
Para este legislador, quien podría ser el próximo líder de la bancada morenista en la Cámara baja a partir de septiembre, la clarificación que hizo el INE sobre los alcances de la interrogante, verificada como constitucional por la SCJN, habría sido un acto contrario a la misma Constitución.
El razonamiento de Sergio Gutiérrez es débil: si más de 98% de las personas que participaron en este ejercicio votaron a favor del sí, como respuesta a la pregunta planteada, ¿esto querría decir que Córdova hizo campaña en ese mismo sentido? ¿O bien que quiso inducir el resultado en dirección contraria, pero no logró su cometido? El cuestionamiento no tiene pies ni cabeza.
Si lo que se quiere es acusar a Córdova de que no hayan participado personas en cantidad suficiente como para que el resultado fuese vinculatorio, tal argumento sale derrotado cuando el propio presidente López Obrador reconoció como todo un éxito este ejercicio de democracia directa.
Saltan como resortes de un colchón viejo las muchas contradicciones detrás del propósito de emprender un juicio político contra este funcionario. Si la participación fue exitosa y más de 98% de las boletas se inclinaron a favor de juzgar a los funcionarios del pasado (incluidos los expresidentes), ¿con qué cargos va a perseguirse al consejero presidente del INE?
La mayoría que Morena y sus aliados tienen en el Congreso de la Unión no alcanza para realizar una reforma constitucional que afecte la temporalidad del mandato de Lorenzo Córdova.
No importa cuánto deseen los diputados Mier o Gutiérrez ver a otra persona al frente del organismo electoral, la realidad se les opone con contundencia.
No tienen cómo probar “la falta de entusiasmo”, tampoco la parcialidad ni la supuesta dependencia del funcionario a intereses ajenos a su desempeño.
Así las cosas, Córdova será presidente del INE durante dos años más y, por tanto, pese a quien le pese, le tocará encabezar la organización de la próxima consulta relativa a la revocación del mandato presidencial.
Cabe suponer que tal cosa es justo lo que revienta el ánimo de los seguidores de la Cuarta Transformación. Acaso quisieran un funcionario “entusiasta” con el proyecto político de López Obrador, aunque tal requisito no esté en la descripción de las tareas que atañen al presidente consejero del INE.
