Quito. En medio de la mayor crisis política y diplomática, el gobierno de Daniel Noboa mantiene silencio sobre la decisión de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador de pedir la suspensión del Ecuador en el sistema de las Organización de las Naciones Unidas si no pide disculpas
por el asalto a la sede diplomática el pasado viernes.
Incluso, los informes de la Policía Nacional y de las fuerzas armadas, presentados ayer en la audiencia de habeas corpus de Jorge Glas en la Corte Nacional de Justicia, evidenciaron que el presidente Noboa dio la orden verbal y por escrito para detener al exvicepresidente. Sin embargo, el informe de la milicia expresa que fueron los policías los que lo ejecutaron.
Además, en el afán de ganar la consulta popular del próximo 21 de abril, los voceros principales sobre el tema han evitado las entrevistas y emitir comunicados oficiales sobre el tema. Tras la condena de la OEA, por 29 países del continente, el único que hizo una valoración fue el viceministro de Gobierno, Esteban Torres: Lo de ayer en la OEA fue positivo para Ecuador, más allá de la situación compleja. Lo que nosotros queremos es mandar un mensaje al mundo de que aquí se respeta la Constitución y la ley y que tampoco se pueden mal usar las sedes diplomáticas
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Las reacciones de juristas y expertos en derecho internacional han alertado de las graves consecuencias de una medida de esta dimensión: se afectarían drásticamente las inversiones extranjeras y proyectos y compromisos internacionales de Ecuador en campos como la educación, la cultura, la investigación científica. Hoy mismo, el país tiene problemas con la ONU, pues perdió el derecho a votar en la Asamblea General debido a la deuda que arrastra desde 2015. Para recuperarlo debe pagar al menos 1.9 millones de dólares.
Mientras tanto, Noboa permanece en Miami, en una visita de carácter privado, de la cual no se han hecho públicas, por parte de sus voceros, las actividades en esa ciudad estadunidense. Sin embargo, la tarde de ayer, su ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denunció al expresidente Rafael Correa por el delito de traición a la patria, según el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal.
Para ella, las expresiones de Correa no sólo constituyen de manera independiente un delito de calumnia por la falsa imputación de delitos, sino que, en su conjunto, también crean una situación de pánico entre la población ecuatoriana, que independientemente de si ésta es civil o militar, ahora se encuentra temerosa de una posible guerra y repercusiones en el ámbito económico, mediante sanciones internacionales
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Esta acción ya se preveía, porque en sus discursos de los últimos días, Noboa se había referido al tema, sin mencionar a Correa, diciendo, en un comunicado del 8 de abril, que unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la Patria nunca antes vista
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Piden devolverle la condición de asilado
El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas apareció de nuevo, vía Zoom, este jueves para pedir un habeas corpus y, en una intervención de casi 20 minutos, contó cómo fue golpeado y torturado por sus captores, dentro y fuera de la embajada mexicana en Quito.
Conmovido, dijo: Me da vergüenza mi patria
cuando se refirió al modo en que se ha tratado a una legación diplomática de un país hermano, a sus funcionarios y a él mismo. Me trataban como un trofeo de guerra, me llevaron como una vaca colgada, con los brazos guindados
, testimonió. Además, comentó que los policías se jactaban de haber realizado una operación exitosa, “me tomaban fotos, se burlaban de (Roberto) Canseco y le decían ‘mamarrachos mexicanos, ya vas a ver lo que son las fuerzas armadas ecuatorianas’”.
El abogado Andrés Villegas dijo en la audiencia que la detención es ilegal y arbitraria por haber conculcado los derechos humanos y pidió que como medida de reparación se ordene que sea trasladado a la misión diplomática de México más cercana a Ecuador o que con base en la Convención de Asilo se le lleve a otro Estado en el que convenga mantenerlo bajo resguardo.
