Del “Si hay imposición habrá revolución” al “No vamos a permitir que nos ganen con ‘chicanadas’ o en lo oscurito”, pasando por el “Yo tengo otra información” y rematando con un rotundo “Al diablo con las instituciones”, ¿qué le ofrece el Movimiento de Regeneración Nacional al desabrido Estado de Derecho en México? Nada más y nada menos que aquella máxima popular que bien dice: “Hágase la ley en los bueyes de mi compadre”.
Vivir de la victimización, el argumento simplista y reduccionista, y de culpar a todo aquél que no comulgue con su pensamiento, han sido las herramientas de polarización efectiva que han llevado a López Obrador y a la clase política que soporta su ‘proyecto político’, al posicionamiento continuo en las encuestas y a permanecer como una suerte de sombra incómoda del gobierno en turno.
En una nueva edición de esta especie de tiras cómicas del ‘sospechosismo’, es ahora turno de David Monreal, quien por desconocimiento de la normatividad electoral o por una deducción a su gusto y de acuerdo a sus intereses, se quedó fuera de la contienda electoral en Zacatecas al inicio de las campañas, el pasado 6 de abril, fecha en que el Consejo General sanciona una serie de omisiones alrededor de la rendición de cuentas que finiquitan el período legal de precampañas.
La no presentación de los informes de precampaña, o presentación extemporánea de los mismos, es clara causal de pérdida de registro como precandidato, según los artículos 229 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No hay segundas ni terceras interpretaciones al respecto, ni puede haberlas en el seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral porque no es instancia de revisión constitucional de la norma electoral.
Eso corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en próximas fechas, quien contrastará una “excesiva sanción” (creada por el legislador, ergo la partidocracia) con el principio de máximo beneficio legal –principio pro persona- de acuerdo a los derechos humanos y tratados internacionales.
También valorará la negligencia del ahora militante de Morena, quien negó a la autoridad electoral participar en el proceso interno de designación de candidato a gobernador en el partido, para ahorrar los gastos individuales y amortiguarlos en las finanzas del partido. Como dato curioso, el INE también sancionó a Morena con cerca de 850 mil pesos por distintas omisiones de otros precandidatos en la entrega de informes financieros de precampañas, lo que los deja con apenas la mitad de su presupuesto electoral (alrededor de un millón 500 mil pesos) para realizar campañas.
Lo demás son golpes de pecho de columnistas y editorialistas, quienes han visto atropellados sus intereses con esta acción legal –fundada- en contra del ex precandidato. Fuera de la investigación y la imparcialidad, funcionan como lo que a la fecha son: un primer frente propagandístico de señalamiento y escándalo. Recordemos que la especialidad de este segmento de los medios de comunicación no es la investigación y la generación de opinión, sino únicamente fungir como censores a sueldo. Por cierto, ese mismo sector criticaba o festejaba meses atrás los mítines vacíos de López Obrador en Zacatecas.
Sin embargo, frente a la conmoción y la irritación de los afectados la falta de información puntual favorece la percepción de “chicanadas”, “imposiciones”, “indignación”, “veto”, “mafia en el poder” y todas aquellas simulaciones que lleven a la crispación de los ánimos. Escenario más favorable para quienes están acostumbrados a la calumnia como respuesta ante cualquier inconformidad.
Con esa falta de paciencia y seriedad, vimos hace unos días al mandatario estatal, Miguel Alonso, caer redondo en el discurso de Morena. Su razonamiento -poco meditado- rápidamente pregonó porque el Tribunal Federal le “devolviera” la candidatura. Contrario a lo que declaraba semanas antes, donde aseguraba mantenerse respetuoso del proceso electoral, se le olvida que como autoridad estatal también debe resguardar el estado de derecho y pronunciarse con respeto hacia otra autoridad -autónoma en sus decisiones, reza la ley- en este caso la electoral.
Miguel Alonso es un ente completamente ajeno al fenómeno electoral. Sus declaraciones merecen al menos un apercibimiento por parte de los tribunales, si es que a algún partido le interesa impugnar el comportamiento del precipitado gobernador. Con la prisa para pronunciarse en el asunto asoma inseguridad por la destreza del oponente, o un acuerdo de respeto y entendimiento con sus otrora compañeros: los Monreal.
Que David haya intensificado una ola de indignación, es hecho irrefutable. La marcha de la “dignidad” mostró lo fácil que rinde dividendos la victimización. Pero el escenario no lleva en automático al “repunte”. La campaña recién comienza y hasta la indignación más férrea tiene fecha de caducidad.
Depende de la gestión electoral del primer lugar en las encuestas. Aunque caminando de la mano de muy viejas caras como la de Chema González, no va a llegar lejos. Evidente continuismo. ■
