La propuesta de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum no sólo abrió un debate sobre las reglas del sistema político mexicano; también dejó al descubierto una realidad incómoda para los partidos opositores. Frente a una iniciativa que agitó el tablero institucional y obligaba a fijar posiciones claras, lo que emergió no fue una confrontación de proyectos políticos, sino algo mucho más revelador: la incapacidad de la oposición para construir una alternativa frente al proyecto que hoy gobierna al país.
La iniciativa presidencial partió de un terreno políticamente sensible: el creciente malestar ciudadano frente a los privilegios y prácticas de la clase política. En una sociedad cada vez más crítica del sistema de partidos, la propuesta tocó un nervio evidente en la opinión pública: la necesidad de revisar reglas que durante años permitieron la permanencia de figuras políticas cuya legitimidad social se encuentra cada vez más erosionada. En ese sentido, la reforma se colocó en sintonía con lo que en política suele denominarse el “humor social”, es decir, la percepción colectiva que define el clima político de una época.
Sin embargo, el hecho verdaderamente revelador no fue la iniciativa en sí misma, sino la reacción de quienes se presentan como oposición. A excepción de Movimiento Ciudadano, cuyo dirigente nacional presento un bosquejo de alternativa frente a la propuesta, y del senador independiente Manlio Fabio Beltrones, quien incluso salió de su prolongado bajo perfil político para esbozar una propuesta alternativa, el resto de las fuerzas partidistas fue incapaz de presentar una ruta distinta. El debate político se convirtió así en una discusión unilateral en la que abundaron las críticas, pero escasearon las propuestas.
Ni el Partido Revolucionario Institucional, ni el Partido Acción Nacional, ni siquiera partidos que hasta hace poco acompañaban al oficialismo, como el Partido del Trabajo o el Partido Verde Ecologista de México, lograron articular una propuesta que disputara el terreno del debate público. La política democrática, en su sentido más elemental, consiste en confrontar proyectos distintos sobre la forma de organizar el poder. Cuando esa confrontación desaparece, el debate público se reduce a una dinámica reactiva en la que los actores políticos se limitan a defender sus intereses inmediatos sin ofrecer soluciones de largo alcance.
Giovanni Sartori advertía que la calidad de una democracia no depende únicamente de la fortaleza del gobierno, sino también de la capacidad de la oposición para formular alternativas reales de poder. Una oposición que se limita a reaccionar ante las decisiones del gobierno —señalaba Sartori— termina renunciando a su función esencial dentro del sistema político y se convierte en un actor marginal dentro del debate democrático.
Eso fue precisamente lo que ocurrió en este episodio. En lugar de presentar una propuesta distinta de reforma electoral, los partidos opositores optaron por una estrategia más cómoda: cuestionar la iniciativa sin construir un proyecto alternativo que pudiera disputar la narrativa política. El resultado fue una escena pública en la que la defensa de intereses partidistas terminó sustituyendo al debate de fondo sobre el funcionamiento del sistema democrático.
El caso del PT y del Verde resulta particularmente ilustrativo. Durante años transitaron con comodidad dentro de la órbita del poder político y se beneficiaron de esa cercanía. Sin embargo, cuando el debate exige definiciones claras sobre el sistema electoral, prefieren colocarse en una zona de ambigüedad política. Buscan mantener cercanía con un gobierno que conserva altos niveles de aprobación pública, pero al mismo tiempo evitan asumir el costo político de respaldar reformas que cuestionan directamente las reglas del sistema de partidos.
La escena política terminó siendo, por momentos, paradójica. Mientras algunos dirigentes del Partido Acción Nacional preferían discutir asuntos de escasa resonancia nacional en foros internacionales —incluso en espacios académicos como la Universidad de Harvard—, el Partido Revolucionario Institucional parece continuar atrapado en el desgaste histórico que arrastra desde hace décadas, buscando aliados con quienes compartir el peso político de su propio pasado.
La discusión sobre la reforma electoral dejó así una conclusión incómoda para la oposición mexicana: su problema no es únicamente electoral, sino también político e intelectual. Criticar una iniciativa presidencial forma parte natural de cualquier democracia; lo que resulta políticamente insostenible es no tener nada que ofrecer a cambio. Cuando la oposición pierde la capacidad de formular alternativas, termina actuando más como un establishment político dedicado a preservar sus posiciones dentro del sistema que como una fuerza capaz de disputar el rumbo del país.
La discusión legislativa seguramente continuará en el terreno de las leyes secundarias e incluso podría modificarla correlación de fuerzas hacia con miras al proceso electoral de 2027. Sin embargo, el episodio ya dejó una imagen difícil de ignorar: frente a una reforma que obligaba a confrontar proyectos políticos, la oposición volvió a exhibir su mayor debilidad. No fue la falta de críticas lo que quedó en evidencia, sino la ausencia de una alternativa capaz de disputar el rumbo del país.
Jaime Enrique Cortés Acuña.
