La senadora Geovanna Bañuelos condenó el uso excesivo de la fuerza en contra de las mujeres y adolescentes zacatecanas que participaron este 8 de marzo de 2024 en la marcha del Día Internacional de la Mujer en Zacatecas, por lo que anuncia la presentación de un punto de acuerdo ante el pleno del Senado de la República para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención en este caso.
Dada la relevancia y las graves violaciones a los derechos humanos de las manifestantes, la legisladora señala que es necesario que la CNDH inicie inmediatamente una investigación relativa a los hechos de represión del cual fueron víctimas las participantes de la marcha y emita las correspondientes recomendaciones y sanciones a las y los responsables.
A través de diversas notas informativas en medios de comunicación y las fotografías y videos se puede constatar la excesiva violencia con que actuaron los integrantes de los cuerpos de seguridad. Asimismo, se observa una total carencia de capacitación de las corporaciones y la ausencia de protocolos en este tipo de manifestaciones populares.
“Es evidente que las y los policías fueron a reprimir y violentar de manera directa a mujeres, incluyendo menores de edad, que se encontraban en la completa indefensión. Este atentado debe ser castigado para que no se repitan los hechos del pasado viernes por la tarde”.
La representante por Zacatecas solicitará en el punto de acuerdo al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, destituir al secretario general del Gobierno, así como al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ante la represión y abuso de autoridad.
De igual forma, Geovanna Bañuelos condena los deleznables comentarios del secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, al señalar a las manifestantes como violentadoras. Por ello, solicitará a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas llevar urgentemente pláticas, talleres y capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva de género, con el objetivo de que las fuerzas estatales de seguridad no repriman, violenten y se respeten en todo momento los derechos de las mujeres y la ciudadanía.
“Las autoridades estatales y las fuerzas de seguridad tienen la obligación de ser salvaguardas del respeto a los derechos humanos, al Estado de derecho, a la libertad de expresión y manifestación, así como a la paz social, por lo que no se deben escatimar recursos, esfuerzos y acciones para nunca más sea agredida la sociedad civil”, concluye Geovanna Bañuelos.
