Una revisión de cualquiera de las minutas en las que se consignan los acuerdos habidos entre los representantes del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) y los de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) revela que existen negociaciones entre las partes y se logran acuerdos. Varios de estos, muchos, se establecen “en los términos que solicita el sindicato” por tanto son plenamente satisfactorios. Sin embargo, de manera insistente, la propaganda del SPAUAZ omite los logros y se centra en ciertos problemas.
Esto corresponde a una clasificación de las demandas. Las hay que no son “relevantes” a juicio de los dirigentes sindicales y prefieren no sólo no mencionarlas sino omitirlas. De modo que declaran que no hay respuestas y añaden que “los docentes están inconformes”. Si es así, tal situación resulta paradójica, pues los representantes del SPAUAZ llegan a acuerdos que, según ellos, no son relevantes pues los ignoran. ¿Entonces, para qué negociar?
Su estilo de negociación no los satisface ni a ellos pues lo que se obtiene se minimiza o de plano se considera inexistente. Y esto es lo más extraño del asunto, pues son esos puntos en los que sí hay avance y acuerdo los que podrían motivar una huelga, ya que son los que mediante este instrumento se pueden lograr.
Hay, sin embargo, asuntos que no están en la mano de la universidad. Decir esto no constituye una “defensa de la patronal”, al contrario, es una defensa de las posibilidades de acción de la organización sindical, pues pedir lo imposible y empeñarse en ello resulta en el fracaso. ¿Quieren los líderes conducir a los agremiados al rotundo abismo del fracaso?
Antes de responder a esta pregunta se requiere recordar cuáles son los puntos considerados importantes por la dirigencia sindical. Son cuatro: el incremento salarial, el reconocimiento de las plazas por separación del titular, los procesos de promoción y el reconocimiento de la jubilación dinámica para los docentes que ingresaron a la UAZ posterior al 13 de agosto de 1991.
Resulta un despropósito sostener que puede ser reformada la política del gobierno federal de otorgar incrementos salariales a las universidades de acuerdo a la inflación esperada. Esto constituye un resabio del régimen neoliberal que sólo se puede modificar mediante coyunturas a nivel nacional o internacional.
No las hay, o no las explican, por ende, es un engaño asegurar que se debe hacer una huelga para lograr romper ese tope. Otro tanto puede decirse de la propuesta de integrar a los docentes posteriores a la fecha fatal a los beneficios de la jubilación dinámica. Por dos razones, la una jurídica y la otra económica.
Por un lado, la cláusula 71 del CCT excluye a todas las personas ingresadas después de la fecha mencionada, se requiere una reforma del contrato y no se emplazó para ello. Desde el punto de vista dinerario, si acaso se logra hacer las cosas bien desde el punto de vista jurídico y se tienen la fuerza política para que el patrón acepte, el problema será, para ese patrón, pagar.
El monto requerido es por encima del 30 % de la nómina presente. Así que una huelga por ese motivo es improcedente. Quedan las promociones de categoría y el reconocimiento de plazas. Al respecto existe una propuesta “curiosa” por parte del comité ejecutivo. Sostienen los líderes que ante el argumento de la rectoría de que no se consiguieron plazas para las promociones se puede responder de dos maneras.
Primero, que la universidad haga ahorros y los dedique a ese rubro, segundo, que se reconozcan las plazas por separación del titular y se utilicen para las promociones. La primera propuesta tiene el defecto de, si la rectoría no la acepta, no se viola lo contratado, pues la cláusula específica que la obligación del patrón es la de conseguir plazas, no la de hacer ahorros.
De nuevo, esa sugerencia se puede colocar en la cláusula, pero no hay revisión contractual. Resulta paradójico que en un emplazamiento por violaciones e incumplimientos el comité ejecutivo proponga la violación del contrato. Si se utilizan las plazas por separación del titular para dar promociones se viola la cláusula 25, pues en esta se establece el procedimiento, en cuatro fases, para agotar las plazas mencionadas.
En conclusión: o bien los representantes sindicales no conocen el contrato, o bien lo conocen y sugieren que se viole o bien son ocurrencias para salir al paso y simular que existen “propuestas”.
Esto mismo se aplica a la “contabilidad ficción” que hacen circular en las redes sociales. Mencionan que hay “200 millones para pago de ISR”, “Compromiso de entrega por parte de gobierno del Estado de 290 millones”, “devolución del impuesto por 300 millones”, “265 millones por apoyo extraordinario todavía no entregado”.
De esto se puede decir lo siguiente. Muy claro es que los dineros para el ISR se deben pagar al ISR, al menos eso lo reconocen. Lo que omiten es que la universidad debe pagar las jubilaciones de 600 docentes y prestaciones y plazas no soportadas en el presupuesto. No lo añaden porque de hacerlo queda claro que no hay remanentes. Todo su estruendo se resume en: carecen de argumentos para la huelga, la quieren forzar para poder posicionar candidaturas.
